Colombia: Paz, tiempos, prensa, sociedad civil y reforma agraria democrática integral

Por Horacio Duque

Todo parece estar listo para que mañana lunes 19 de noviembre entre a funcionar la Mesa de Conversaciones de La Habana, entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Farc, con sus correspondientes delegaciones de plenipotenciarios y asesores designados.

Conviene resaltar que el Acuerdo general pactado desde agosto, luego de una etapa preliminar de exploraciones, sugiere dos grandes capítulos para el trabajo. El primero se refiere a la terminación del conflicto armado que dura ya mas de 50 años. El segundo a la construcción de una paz estable y duradera. 

Obviamente la agenda de 6 puntos es la columna vertebral de los diálogos. No obstante, el espíritu del Acuerdo es la base de todo. Lo que implica dar una lectura e interpretación sincrónica y no por fases o compartimentos estancos a los diversos campos establecidos.

No obstante, se han expresado inquietudes e ideas de orden procedimental que tienen validez. 

1. ¿Qué tiempo durarán las conversaciones?La duración de las conversaciones preocupa a las partes. El gobierno se inclina por un proceso veloz, de pocas semanas o meses. Entre tanto, las Farc ha dicho que no es saludable presionar con fechas la Mesa. Los tiempos de la paz no pueden ser cronológicos, con días, horas y minutos cantados de antemano. Sus tiempos son ontológicos y atienden más a condiciones optimas para la materialización.

Al respecto no sobra decir que en Irlanda el asunto se tomó más de 120 meses -cerca de 10 años- y aún no termina su implementación; en El Salvador, fueron casi 70 meses; en Guatemala, 40 meses; y en Sudáfrica, por lo menos 60 meses.

10 meses para Colombia no parecen ser adecuados, dada la complejidad del problema y sus profundas raíces y manifestaciones. Aunque por las velocidades y “liquidez” del tiempo posmoderno, ese lapso es una eternidad y son muchas las cosas que se pueden hacer durante el mismo, de existir la mejor voluntad, sobre todo del gobierno, que en otros ámbitos de su gestión no parece tener mucha agilidad y eficiencia. Lo hemos visto con la Ley de Tierras y reparación de víctimas, presentada como “la gran revolución agraria” santista, promocionada en el mundo por el desaparecido escritor mexicano Carlos Fuentes como la panacea para la violencia colombiana. Ya han transcurrido dos años y los resultados de este instrumento jurídico son lamentables y ridículos Las restituciones encallaron en los juzgados agrarios y los trámites administrativos; al tiempo, los ejércitos antirestitución siembran el terror entre los campesinos, en extensas zonas del país, con la complacencia de los encargados del “monopolio legítimo” de la violencia, y las reparaciones monetarias se convirtieron en dinero de bolsillo de los agentes electorales del régimen, como en Norte de Santander y Cúcuta, donde se concentran casi 200 mil víctimas de la violencia, sitio en que un prominente senador santista, jefe de los funcionarios municipales y departamentales encargados del tema, es quien da las autorizaciones para los giros respectivos a sus recomendados, desde su Directorio electoral clientelista y reeleccionista.

Bien se le puede replicar al señor Humberto De La Calle, el circunspecto jefe de la delegación oficial, para solicitarle en sus términos, menos retórica, mas transparencia, menos clientelismo y más resultados concretos para la paz y la convivencia, que como lo establece el documento del Acuerdo, garanticen la efectividad del proceso para concluir el trabajo sobre los puntos de la agenda, de manera expedita y en el menor tiempo posible, para cumplir con las expectativas de la sociedad sobre pronto acuerdo. Y de esa manera la duración pueda estar sujeta a evaluaciones periódicas de los avances.

2. El “hecho comunicacional de la paz”

Las comunicaciones son otra inquietud. Por lo que ocurrió en Oslo, con la rueda de prensa de las Farc, censurada por las cadenas mediáticas predominantes (Caracol y RCN) y con lo que está ocurriendo, debido a la manipulación de centenares de periódicos, emisoras y canales regionales de televisión, en los que una jauría de supuestos analistas y testaferros de la pauta estatal, presenta los temas de la paz a su amaño para estigmatizar y satanizar los actores que dialogan, es prioritario construir el “hecho comunicacional” de la paz. En la pos modernidad las comunicaciones lo son todo. La estructura de la sociedad es esencialmente comunicaciones. Las comunicaciones son las unidades constituyentes y reproductoras de los sistemas sociales. Ello explica que en el Acuerdo este tópico se trate de manera reiterada, para establecer que como parte de la democratización política se garantizará el acceso a los medios de comunicación y en el transcurso de las conversaciones se establecerá una estrategia de difusión eficaz. La paz como sistema social se construye en gran parte con el concurso de un dispositivo comunicacional imparcial, objetivo y sinergicos con los principios de la no violencia.

3. La participación de la sociedad civil

La participación de la sociedad civil es un punto que plantea interrogantes. Si bien es cierto la Mesa necesita, por razones técnicas, alguna discrecionalidad en su funcionamiento, no se puede ignorar que su fuerza política depende del consentimiento popular. La legitimidad de la paz tiene estrecha relación con la mayor participación popular, la misma que no se puede organizar a retazos. Intervención que bien puede darse con diversos instrumentos y escenarios. La paz 2.0, con una página web interactiva, es necesaria pero no suficiente. Lo que si resulta un peligro es el canal de Adpostal para enviar propuestas y sugerir ideas, por la casi segura manipulación que hagan los servicios secretos, la Central de Inteligencia del Coronel Echandía y los grupos paramilitares, de información y datos privilegiados para desatar campañas criminales contra la sociedad, con masacres, desapariciones, cárcel y asesinatos de los amigos de la paz, como ocurrió en el pasado con la Unión Patriotica y el período del Caguan, que fracaso por el Plan B del señor Pastrana para armar hasta los dientes el ejército oficialista sin importarle un comino la paz de Colombia. Ojala el señor Santos, tan proclive a jugadas traidoras, deje a un lado su Plan B que consiste en la estrategia “Espada de Honor” para liquidar y acribillar la insurgencia campesina revolucionaria, mediante golpes de mano, campañas de exterminio, asaltos y drones asesinos. O sus infantiles amenazas de abandonarlo todo porque según su desapacible perspectiva si se suspende La Habana no pasa nada, como si con las esperanzas de paz de los colombianos se pudiese jugar impunemente.

Pero, independiente de lo que se decida en La Habana, en dicha materia, el pueblo debe movilizarse de manera autónoma con manifestaciones, concentraciones, plantones y eventos de toda índole, que respalden la paz. No hay que ahorrar recurso para apoyar las conversaciones y sus avances concretos. La Mesa de diálogos es una conquista democrática y popular para defender con mucha firmeza. 

4. La cuestión agraria y el desarrollo rural

El tema inicial es el de la cuestión agraria. Los puntos ordenados se resumen en la necesidad de resolver el problema de la grave concentración de la propiedad rural en una minoría terrateniente, que monopoliza las mejores tierras del país como fundos ganaderos e improductivos, al tiempo que 10 millones de campesinos y trabajadores rurales se debaten en la pobreza, la exclusión y el desplazamiento forzado.

El latifundio feudal es el principal foco de violencia en Colombia, a lo largo de su historia.

Su origen viene desde la conquista y colonia hispana, que implicó un tremendo despojo de las sociedades indígenas, mediante el exterminio violento de los grupos amerindios, victimas de la voracidad de los señores feudales de la corona española, la que los retribuía mediante Cédulas Reales, con las mejores tierras a través de la Encomienda. El latifundio encomendero fue la principal relación social durante los siglos XVI, XVII y XVII en la Sabana de Bogota, en la Costa Caribe, en los Valles del Río Magdalena y Cauca y Uraba. Desde aquella época perviven gigantescas haciendas en manos de apellidos muy conocidos e influyentes en la sociedad. Son los señores de la tierra y de la guerra.

La revolución y las guerras de independencia lideradas por Simón Bolívar, incluyeron esfuerzos por eliminar la gran propiedad latifundista, pero los resultados no fueron plausibles por cuanto la prioridad era la constitución de naciones soberanas en el modelo de la democracia liberal burguesa que emanó de la revolución francesa y americana.

Con posterioridad, al promediar el siglo XIX, fueron generales bolivarianos, como Jose María Melo y Tomas Cipriano de Mosquera, los que realizaron políticas semejantes a una reforma agraria. Mosquera fue implacable con el latifundio católico de los jesuitas y otras ordenes religiosas, las que promovieron varias guerras civiles (1862, 1865, 1876, 1887 y 1899), a través de los jefes conservadores, para impedir la democratización de la propiedad de la tierra. Jefes conservadores con apellidos que aún estan vigentes -Holguin, Ospina, Hurtado, Reyes, Restrepo y Caro- utilizaron, junto con la iglesia, sistemáticamente la violencia contra los campesinos y los liberales, hasta recuperar sus extensos fundos y organizar el Estado confesional de la Regeneración nuñista que implanto un régimen político reaccionario vigente hasta la década del 30 en el siglo XX, cuando colapsó por la presión burguesa, obrera y popular.

Los ecos de la radical reforma agraria llevada a cabo por la revolución rusa de 1917, liderada por Lenin, Kamenev, la Krupskaya, Bujarin, Troski, Radek y Stalin, se sintieron por todo el planeta.

Entre 1934 y 1938, Alfonso López Pumarejo, un cafetero burgués y liberal, ante la movilización socialista que simpatizaba con el programa sovietico , implementó, desde la Presidencia de la República, unas tibias reformas sociales como las que se incluyeron en la Ley 200 de tierras que enfatizaban básicamente en la función social de la propiedad para proceder a la expropiación de latifundios improductivos. Sin embargo, la cosa no llegó a mayores porque los poderosos latifundistas, entre ellos la iglesia católica, dejaron sentir su monumental peso político y alimentaron nuevas guerras civiles, promovidas por el Partido Conservador y sus jefes falangistas como Laureano Gomez, Gilberto Alzate, Aquilino Villegas, Fernando Londoño y Marcelino Velez.

La tormenta reaccionaria, con ecos coloniales, forzó el repliegue de la burguesía liberal y cerró con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitan, el cual marcó un hito en la historia nacional, dando pie a un prolongado ciclo de matanzas y exterminios en masa de campesinos, los mismos que se encuadraron en autodefensas populares y revolucionarias organizadas por los comunistas, para demandar una reforma agraria democrática desde el año 1963, sin que aún sea realidad.

Tanto la reforma agraria hecha por el Presidente Mao Tse Tung, después del triunfo de la revolución China en 1949 y profundizada por el Gran Salto y la Revolución cultural de los años 60, como la reforma agraria establecida en Cuba, a partir de 1959, luego del triunfo del ejército rebelde del comandante Fidel Castro, que liquidaron de raíz el latifundio feudal para entregar la tierra a los campesinos trabajadores, ejercieron una enorme influencia sobre los campesinos colombianos.

Temerosa de una revolución socialista que replicara lo de China y Cuba, la burguesía liberal, retomo, con el patrocinio gringo de la Alianza para el Progreso, durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, a mediados de los años 60, las banderas reformistas para aprobar leyes e instituciones de modernización agraria que le dieran espacio al capitalismo en el campo. Para el efecto se promovió la Asociación de Usuarios Campesinos/ANUC, organizada por un lider gaitanista que se desempeñaba como Ministro de Agricultura, el doctor Apolinar Diaz Callejas. Además, se crearon distritos de riego, se otorgaron créditos y construyeron infraestructuras viales, que favorecían a los empresarios, tipo farmer, de la ruralidad subsumida por las relaciones mercantiles estimuladas por el gobierno, obligados a una coexistencia con el junker violento tradicional.

El triunfo fraudulento del siguiente Presidente, el conservador Misael Pastrana Borrero, freno en seco el reformismo agrario de la burguesía llerista. Pastrana se reunió con el cogollo terrateniente y firmaron un Pacto en el municipio tolimense de Chicoral, para enterrar todas las leyes emparentadas con la democratización rural. Fue el triunfo de la “vía junker”, como la denominó Lenin en su celebre texto sobre el Desarrollo del Capitalismo en Rusia.

La casta terrateniente, heredera de siglos, sigue viva y mandando. Es mayoritaria en el Estado y en el Congreso de la República, pues en su gran suma, senadores y representantes, son reconocidos latifundistas en sus regiones de origen Dispone de tropa pública y paramilitares para impedir con bala, machete y leyes cualquier esfuerzo de justicia con los campesinos.

Hicieron con las bandas paramilitares organizadas por el Ejército gubernamental, a punta de matanzas y exterminios colectivos, durante el periodo comprendido de 1980/2011, una descomunal contrareforma agraria, de la mano de Turbay Ayala, Belisario Betancur, Andrés Pastrana y Alvaro Uribe, su más visible representante, con extensas haciendas en Antioquia y Córdoba.

Las guerrillas de la resistencia revolucionaria que encarnan las Farc, se gestaron en el ambiente rural como expresión del derecho a la rebelión de los pueblos frente a la inveterada violencia de los señores del latifundio y su Estado oligarquico.

Es lo que explica que su bandera sea una reforma democratica integral que elimine el latifundio terrateniente y entregue la tierra a mas de 10 millones de campesinos, acompañando tal medida con créditos, subsidios, vias, infraestructuras, educación, escuelas, salud y derechos políticos que permitan su participación efectiva en el gobierno de las instituciones públicas.

Una reforma agraria de esas dimensiones, que favorezca la cooperación campesina y el desarrollo solidario no es incompatible con una economía capitalista moderna que garantice la seguridad alimentaria de la población con granos,legumbres, verduras y frutas.

Desafortunadamente el programa del gobierno, con las Locomotoras minera y agricola, con su Ley de restitución de tierras y el proyecto de Desarrollo rural, no permiten ser optimistas sobre eventuales avances en la Mesa de La Habana. Ojala la dialéctica de las conversaciones arroje resultados favorables para la paz con justicia social en el campo nacional. Pero se requiere que los campesinos se movilicen, salgan a las calles, hagan manifestaciones y demanden la reforma agraria democratica integral.

Paz, la tierra es para el campesino que la trabaja

Por Horacio Duque

El lunes 19 de noviembre prosiguen en La Habana las conversaciones de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. El tema es el primer punto de la Agenda consensuada, que se refiere al desarrollo agrario integral, el que se considera determinante para promover la integración de las regiones y el desarrollo social, económico y equitativo de Colombia.

Los puntos de ingreso a este trascendental asunto son los siguientes: Acceso y uso de la tierra. i) Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola. Protección de zonas de reserva. ii) Programa de desarrollo con enfoque territorial. iii) Infraestructura y adecuación de tierras. iv) Desarrollo social: salud, educación, erradicación de la pobreza. v) Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Créditos. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral, y vi) Sistema de seguridad alimentaria.

El problema de la tierra es esencialmente político, sin minimizar sus dimensiones técnicas. La naturaleza política surge por las características de la propiedad que prevalece en el campo. Desde la colonia hispánica, cobró forma el latifundio como estructura social predominante, hasta el día de hoy. Grandes extensiones están concentradas en pocas manos. Los terratenientes son una casta minoritaria que controla millones de hectáreas de las mejores tierras. Las que explota con aberrantes sistemas feudales/serviles.

15 millones son campesinos, pequeños y medianos propietarios, pero la gran mayoría -10 millones- son trabajadores con sus familias sobreviviendo en condiciones infames de pobreza y miseria, no obstante la demagogia de las élites sobre la democratización del campo que escuchamos desde los años 30 del siglo pasado, cuando cobró auge el tema de la tierra y las luchas agrarias por la influencia universal de la revolución soviética, que de la mano de Lenin, realizó un amplio programa de distribución democrática de la tierra entre los campesinos rusos, que originó la ira de la aristocracia rural hasta el punto de organizar la guerra civil y las invasiones de ejércitos reaccionarios/blancos para aplastar el poder obrero y campesino.

La propiedad de la tierra, en manos de poderosos señores, es un aberrante símbolo reaccionario. Desde tiempos remotos, cualquier intento por repartirla produce la ira enloquecida de la aristocracia que promueve guerras civiles para mantener el statu quo. Paso con los Gracos en Roma, entre los años 131 a 124 a.d.e. Los tribunos plebeyos debieron pagar con sus vidas el intento de entregar tierras a los campesinos romanos. 

En Colombia, durante la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 1862, la reforma agraria promovida por el general bolivariana Tomas Cipriano de Mosquera para eliminar el latifundio católico/hispánico fue la causa de varias guerras civiles locales, regionales y entre los 9 estados. Durante 50 años, hasta la guerra de los mil días (1900), no hubo paz hasta cuando los grandes terratenientes recobraron sus descomunales fundos a punta de plomo y violencia contra los campesinos, en los Valles de los ríos Magdalena y Cauca, en Urabá, en la Sabana de Bogota y en la Costa Caribe. Para tales fines diseñaron un Estado y un régimen político de regeneración ultraconservadora que impuso un orden absoluto en todos los ámbitos de la vida social, mediante la creación de la policía, la formalización de la milicia, la reglamentación estricta de la prensa, el control sangriento de los opositores liberales y el dominio religioso de la educación pública y privada.

La actual guerra civil es apalancada por el problema de la tierra, que sigue vigente. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, la revuelta popular que le sobrevino, los 500 mil muertos de los años 50, el terror paramilitar de las guardias pretorianas latifundistas durante 5 décadas, el desplazamiento de millones de pobres mediante la violencia y el alzamiento armado de los campesinos revolucionarios que formularon, desde 1963, un Programa de reforma agraria para democratizar la propiedad de la tierra, son consecuencia directa del latifundio y las formas políticas retardatarias que lo acompañan, todavía. ¿O acaso es que Uribe Vélez no es un epitome?

No obstante, diversas estrategias de cierta burguesía seudo progresista, el capitalismo no subsume aún, en las relaciones mercantiles, el ámbito rural. La economía cafetera, por sus vínculos con el mundo global y su centralidad en la conformación del mercado nacional, fue el referente para estimular cierto capitalismo agrario con distritos de riego, infraestructuras viales, créditos a los capitalistas y subsidios como los de agro ingreso seguro que se destaparon como un carrusel de corrupción. Es el capitalismo al gusto de R. Hommes, de estirpe llerista.

El problema en lo fundamental persiste. La tierra en Colombia está en poder de grandes latifundistas. A millones de campesinos se les niega el derecho a la misma. “La tierra es para los campesinos que la trabajan”, es un postulado que mantiene plena vigencia.

La reforma agraria democrática ha sido un asunto presente en todos los diálogos de los campesinos revolucionarios de la resistencia con el Estado. En la época de Belisario Betancur (1984), las conversaciones para la paz se iniciaron con la reforma agraria para eliminar el latifundio. Ese intento de concertación fracaso y hasta el día de hoy sigue ahí, pues el problema esta tal cual.

El lunes se retoma en La Habana. No valen eufemismos. La cuestión es cómo entregar la tierra a 10 millones de campesinos que la demandan democráticamente, con créditos, vías, educación, salud, acceso a mercados, precios justos, organización de zonas de reservas campesinas y derechos políticos para participar en la vida pública sin restricciones ni sometimientos a gamonales y caciques politiqueros que manipulan a su antojo el Estado, con sus regalías, familias en acción y reparaciones a victimas, utilizadas como plata de bolsillo por los senadores amigos del régimen de la Prosperidad Democrática. Hay que ver lo que hacen en Norte de Santander, Bogota y Medellín, donde esta el mayor número de victimas, los legisladores santistas liberales, conservadores, verdes y de la U.

Obviamente no se trata de una “revolución por contrato”, es más bien un paso para democratizar el campo que sobrevive en épocas coloniales. Lo que se quiere es una reforma mediante la concertación civilizada, pues las revoluciones nunca ocurren por convenios (eso es una falacia lopista), pues su naturaleza es la de una insubordinación implacable que barre el Ancien Regime, como se dio con la revolución inglesa, la francesa, la soviética, la china, la vietnamita y la cubana. Los revolucionarios no necesitan a nadie, menos a la burguesía, para hacer la revolución. Ese es su asunto y lo asumen con todas sus consecuencias y retos.

Decir que el tema agrario tendrá un enfoque territorial no es mucha cosa. Pues es obvio que hay una perspectiva de ese orden, sin embargo es conveniente saber cuál es el sentido de dicha aproximación. Ya vimos, a propósito de los problemas urbanos, que desde la ley 388 de 1998, se introdujo dicho enfoque para dar pie a los Planes de Ordenamiento Territorial/POT municipales y Distritales, que en nada han resuelto las demandas populares de vivienda. Los POT han sido herramientas para agregar factores de competitividad que favorecen a los grupos financieros, como el de Sarmiento Angulo y el de Seguros Bolívar, con grandes inversiones en la industria inmobiliaria, base de sus gigantescas fortunas que dan hasta para comprar periódicos (El Tiempo y todos los otros medios) y financiar a politiqueros como don Germán Vargas Lleras, ahora en plan demagógico con 100 mil viviendas gratis que no concreta, para apuntalar sus planes de candidato presidencial.

Para lo único que han servido los POT es para mandar a vivir a los pobres en los extramuros y en zonas inundables y de alto riesgo de Bogota, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales y Cúcuta. El “ordenamiento territorial” es puro cuento de consultores acomodados, especializados en adornar con discursos estériles los negocios de sus contratantes, que todo lo convierten en mercancía y renta privada.

Así que la “tierra para el campesino que la trabaja” es el nombre de un verdadero desarrollo rural democrático y moderno, con plenos derechos políticos y justicia social para la población rural pobre y excluida.

Todo indica que La Habana se convertirá en un escenario positivo para el debate y acuerdo sobre este trascendental aspecto, que debe llevar un mensaje progresista a los campesinos. Veremos sus desarrollos, ojala con la más amplia participación de la sociedad civil rural popular colombiana.

Cúcuta, 17 de noviembre de 2012.

El terror militar contra un periodista y el debate sobre fuero militar

Richard Vélez, libertad de expresión y fuero militar

Por: Gustavo Gallón, El Espectador
Poca difusión se ha dado a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Gobierno colombiano por las múltiples violaciones cometidas contra el periodista Richard Vélez y su familia.

La sentencia se dictó el pasado 3 de septiembre y se refiere a las agresiones sufridas hasta hoy desde el 29 de agosto de 1996, cuando el ejército lo golpeó brutalmente y le destrozó su grabadora para tratar de quitarle el casete donde registró los abusos cometidos por la fuerza pública contra campesinos participantes en las marchas cocaleras realizadas ese año.

Richard, su esposa y sus dos hijos menores de edad tuvieron que asilarse en Estados Unidos luego de que hubieran intentado secuestrarlo o desaparecerlo un año después, el 6 de octubre de 1997, tras recibir persistentes amenazas de muerte. Milagrosamente se escapó de sus captores, contra los cuales el Gobierno nunca le brindó protección ni le garantizó justicia. Las investigaciones iniciadas en la jurisdicción penal militar, en la Procuraduría y en la justicia ordinaria terminaron en la total impunidad.

Lo grave de este caso no es solamente la golpiza propinada al periodista por unos matones del ejército hace 16 años. El Gobierno reconoció su responsabilidad por ello, pero intentó, todavía en 2012, justificar y desconocer la gravedad del resto de violaciones cometidas contra Richard y su familia. Afortunadamente la Corte no mordió el anzuelo y, por el contrario, declaró sin ambages la responsabilidad de las actuales autoridades por el desconocimiento de los derechos a la vida, la integridad personal, la seguridad, la justicia, la niñez y por supuesto la libertad de expresión, no solamente del periodista, como lo pretendía el Gobierno, sino de la sociedad en su conjunto.

La defensa jurídica del Estado ante la Corte pretendió poner en duda las amenazas y el intento de privación de libertad de Richard. La Corte no solamente las corroboró, sino que reprendió al Gobierno por haberlas tratado como hechos aislados de las agresiones del 29 de agosto de 1996, cuando todo el contexto indicaba claramente que eran represalias contra su denuncia y que se orientaban a entorpecer las respectivas investigaciones.

También intentó desconocer su responsabilidad por no haber brindado adecuada protección al periodista y a su familia ante las persistentes amenazas. La Corte concluyó que la principal protección en tales casos consiste en una investigación seria y eficaz de parte del Estado para identificar y neutralizar a los agresores, lo cual ni se intentó. Peor aún: parece que todavía hoy en día no se intenta en ningún caso, salvo que se trate de amenazas contra los hijos del presidente de turno.

Pero el colmo del Gobierno consistió en sostener ante la Corte que no se había violado el derecho a la justicia porque un juez militar hubiese sido el encargado de investigar los delitos cometidos el 29 de agosto de 1996. La sentencia recordó de manera tajante que ninguna violación de derechos humanos puede ser de competencia de la jurisdicción penal militar.

El Congreso está por aprobar una reforma constitucional al fuero militar que dice lo contrario. ¿Es un desafío a las sentencias de la Corte Interamericana?

Del honor y otras maldades. Por: Alfredo Molano Bravo, El Espectador

Como dice Óscar Collazos en el bello y sugerente artículo sobre la guerra y la paz en Macondo: la cosa es de honor. El honor de los guerreros eclipsa las razones que los llevan a la guerra y sobre todo las que los mantienen presos de la inercia bélica.

Su honor es una especie de cuerpo místico que les permite jugarse la vida y quitársela al enemigo; obedecer sin condiciones; someterse al absurdo de asumirse dueños de la verdad y del destino de otros; ser faros, rayos, truenos, vengadores sin mácula. Y cuando descansan del combate —como el general Petraeus o el coronel Joaquín Aldana, que mató y empacó a su mujer en un talego—, dedicarse al “ocio y al pernicio”, al exceso, a buena cuenta de lo que creen ser y haber hecho por los demás, de las hazañas, de los padecimientos que han sufrido, de los riesgos que han corrido. Es como si el honor se convirtiera en derecho. La sociedad, sus inferiores, debe rendirles pleitesía, estar agradecida siempre por “los favores recibidos”. La tal sociedad civil les entrega las armas —se dice en la Constitución— para defender principios, pero la lógica de la guerra, alimentada por el honor, y su hermana carnal, la vanidad, los llevan a conculcar lo que dicen defender. Y con el honor en el pecho, lo ponen sobre la mesa de negociaciones. Es el cemento del enroque en que viven; de alguna manera los guerreros nunca salen de la trinchera, en ella viven, comen, hacen sus necesidades, se condecoran, se destruyen. El honor militar no es más que soberbia pura y dura. Es una palabra menos heroica pero más real para entender que lo que se defiende a muerte necesita de muletas, de espejismos, de falacias grandilocuentes. La soberbia no es tan heroica como el honor, pero es uno de los más poderosos obstáculos para el entendimiento entre guerreros. Paradójico, porque ambos la tienen de sobra. La soberbia militar, quizá necesaria para matar, es también la escafandra que los protege de la asfixia moral. Si se la quitaran —y las negociaciones a veces sólo son eso— podrían notar que lo que han hecho es exactamente lo mismo de lo que acusan a su enemigo irreconciliable. Entonces se les caerían todas las condecoraciones y se evaporarían los elogios que se han hecho a sí mismos para sostener el cañazo de ser los héroes a los que todo les es debido. El gusano —o más bien el güio— de la soberbia los envuelve de manera que no ven, no oyen, no entienden sino sus propias razones. Cuántas veces no hemos oído decir a generales y comandantes: si se accede a tal cosa —por ejemplo, al cese al fuego—, se nos desmoraliza la tropa. Hay que moralizar las tropas para llevarlas al matadero. ¿De qué otro modo se podría hacer? Por eso son tan importantes los capellanes, los estandartes, los himnos, los discursos, los afiches, la propaganda, la pauta publicitaria. Por eso se castiga —y se mata— al que hable mal del honor militar o lo ponga en duda. Incluso el delito puede ser tratado por los jueces como traición a la patria. Una señora —como decían los campesinos que llevaban enlazados a la guerra— que todos nombran pero nadie sabe quién es. El honor, la soberbia, no son los principios. Quizá sean todo lo contrario. De ahí el peligro para una democracia de que los militares se conviertan en jueces aun de sus propios delitos, porque echan por delante no los códigos sino sus prejuicios, ese material logístico con que alimentan la soberbia y que incluye otros condimentos como venganza, retaliación, impotencia, ira.

En una mesa como la que se instalará en Cuba se discutirán muchas cosas, pero en última instancia se trata de un solo tema: el poder. Que es lo que estaba en juego en los combates, en las emboscadas, en la represión, en el uso de las armas. Se trata ahora de ver si es posible encontrar un modo de hacer lo mismo, civilmente, democráticamente, sin matarnos. Pero para encontrar una solución, los guerreros —todos, incluso los que van de corbata— tienen que bajarse del bus de la soberbia y pararse sobre lo que llaman el honor. Mientras menos honor lleven, menos sapos tendrán que tragarse si de verdad quieren el entendimiento.

http://www.elespectador.com/opinion/columna-387642-del-honor-y-otras-maldades

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La Paz que queremos. Por Hernando Vanegas Toloza

Postales de Estocolmo.

Mañana se inician las Conversaciones en la Mesa que en el actual proceso de Paz acordaron la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno colombiano. La contundente actitud de la guerrilla colombiana ha abierto este nuevo compás de esperanza para el pueblo colombiano, quien es en últimas la víctima de la guerra decretada por la oligarquía en el poder, ya que ni uno, óigase bien, ninguno de los hijos de la oligarquía ha caído en la confrontación por ellos declarada.

Por ésta razón debemos escuchar al pueblo sobre la Paz que él quiere y cómo la quiere. No puede la soberbia oligárquica ponerse antes que la razón del pueblo ya que es la sangre de sus hijos la que se ha derramado y ha fertilizado el suelo colombiano. La discusiones en la Mesa de Conversaciones deberían entonces girar en torno de lo que quiere el pueblo y no de lo que quiere el gobierno colombiano, o quieren los militares, o los corrompidos parlamentarios o jueces. Todos ellos hacen parte del estado que le ha declarado la guerra al pueblo colombiano.

Se abordará como primer punto de la Agenda el problema de la Tierra, problema fundamental que a pesar de ser hoy Colombia un país citadino, con su población ubicada en ciudades grandes e intermedias, sigue siendo cardinal para la economía del país ya que es el campo el que suple de energía la que gasta la ciudad. En el campo se ubican la agricultura y la ganadería, las grandes represas, las riquezas naturales, etc, y sobre él se asientan los grandes proyectos marcoeconómicos de la oligarquía colombiana, razón de la perpetuación de la guerra contra el pueblo colombiano.

Del problema de la tenencia de la tierra se derivan todos los demás, demostrando que la base para adelantar la guerra es la acumulación de riquezas en manos de la oligarquía-terrateniente, es decir, base económica y por ello, con toda la razón, el Comandante Iván Márquez se refirió a las causas económicas que perpetúan la guerra en Colombia, como la implantación del neoliberalismo como modelo en el país. No es posible hablar de Paz si no se realiza una repartición de la tierra, una Reforma Agraria, que entregue la tierra a las manos que la trabajan con denuedo y cariño. Aclaro que se habla de “Reforma Agraria” y no de cambio en las relaciones de producción capitalistas, las cuales serán cambiadas totalmente con una Revolución.

La visión oligárquica, amparándose en su Constitución y en su modelo capitalista, es la perpetuación de las actuales formas de acumulación, es decir, la expoliación salvaje del campesinado y los indígenas, lo cual causa miles de miles de seres humanos asesinados, masacrados, desaparecidos, torturados, desplazados y sus tierras y bienes pasan a las manos ensangrentados de empresarios, militares, narco-paramilitares, terratenientes todos.

En éstas Postales de Estocolmo seguiremos pintando la realidad vista por un refugiado político que la injusta persecución estatal arrojó al exilio porque es necesario mostrar la Paz que queremos los colombianos, la cual debe colocar en el centro de la vida nacional el respeto al derecho a la vida, ya que sin vida es imposible vivir los demás derechos humanos.

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Publicado por cambio total en CambioTotalRevista el 11/18/2012

¡Es la Renta de la Tierra! Por Héctor Mondragón Consultor de ILSA

En Colombia, el desarrollo rural, la defensa de la diversidad étnica y cultural, la protección de los bosques naturales y las aguas, la recuperación de la soberanía alimentaria y de la competitividad agropecuaria y el bienestar de las comunidades rurales exige con urgencia una reforma agraria.

La reforma agraria significa demoler la barrera insuperable que para el desarrollo agropecuario y adecuado el ordenamiento ecológico, social y cultural del territorio significa la altísima renta de la tierra vigente en el país.

Colombia registra los precios de la tierra más altos de la región,1 incluso las tierras del Valle del Cauca son las más caras del mundo para caña de azúcar,2 por lo que el agrocombustible fabricado en el país carece de toda competitividad internacional y sólo se vende en el mercad nacional porque hay una ley que así lo impone. El costo de la tierra en Colombia hace perder rentabilidad a cualquier inversión productiva agropecuaria y aun más cuando se ha seguido una política de apertura a la mayoría de las importaciones y actualmente se importan más de 10 millones de toneladas de productos agropecuarios.

La causa fundamental de la elevada renta de la tierra es la elevada concentración de la propiedad. El índice Gini de concentración de la propiedad de la tierra, entre 0 y 1, subió de 0,840 en 1984 hasta 0,875 en 2009.3 En 2000, Antioquia era el sexto departamento en concentración de la propiedad de la tierra se refiere con un índice de Gini de 0,86, pero en 2009 pasó a ser el primero con un índice de Gini de 0,91, el más alto del país, junto con el del Valle, que pasó de 0,89 a 0,91.4

Para elevar la renta, los grandes propietarios dejan de sembrar grandes extensiones. De 21,5 millones de hectáreas aptas para la agricultura, solamente se utilizan 4,9 millones,5 quedando 16,6 millones desperdiciadas. Esto empeoró después de la llamada “apertura económica”: el área cosechada anual se redujo hasta en 22% con respecto a 1990 y siempre ha sido 15% inferior a ese año.6

La agricultura colombiana está atrapada entre la espada de las importaciones y la pared de los precios de la tierra. Cada vez más productos se importan: trigo, cebada, soya, más del 70% del maíz, algodón… Ahora hasta café. En cambio, se extendieron los cultivos ilegales, especialmente en zonas de colonización. Este ha sido el resultado espontáneo: un cultivo en una tierra que aun no tiene precio, con un producto que tiene un precio artificialmente muy alto, debido a la prohibición.

Las exportaciones legales o se extinguieron como en el caso del algodón o están en descenso debido a la crisis económica internacional, como acontece con el banano o, aun más, con las flores.

Cuarenta años después del Acuerdo de Chicoral en el cual los altos dignatarios del país determinaron que el desarrollo agropecuario sería realidad a partir de la consolidación de la gran propiedad, su resultado no podía ser peor.

Sin embargo, una y otra vez se ha insistido y se sigue insistiendo en los criterios de Chicoral, defendidos por el gobierno pasado con ardor, especialmente en el famoso caso de Carimagua. La ideología según la cual la eficiencia y la rentabilidad solamente pueden provenir de las grandes empresas y de que los campesinos son esencialmente ineficientes y atrasados ha sustentado por décadas un modelo que ya no tiene cómo justificarse.

Los apologistas del modelo gran terrateniente aseguran que van a convertir lo Llanos o como ellos los llaman, “la Altillanura”, en un emporio de desarrollo agropecuario si permiten entregar los baldío a grandes empresas o si los colonos campesinos les venden sus tierras. Esto es un sofisma.

Para refutarlo basta recordar que en los Llanos ya hay grandes propiedades y bien grandes. En el Meta están las fincas más grandes del país y su índice de Gini de concentración de la propiedad es 0,86, el sexto mayor del país. Por otra parte, los artículos 82 y 83 de la ley 160 de 1994 que autorizaban adjudicar y vender tierras baldías a grandes empresas, en extensión ilimitada, estuvieron vigentes 20 años sin que ninguna empresa se interesara en aprovecharlos.

Es decir, en las condiciones de una alta renta de la tierra, los grandes inversionistas no quieren que les vendan los baldíos a precios comerciales ni mucho que los latifundistas les arrienden caras las haciendas, quieren adquirir gratis los baldíos o territorios indígenas o en comprar a bajos precios las tierras de los campesinos, por las buenas o por las malas, de manera que al invertir en un proyecto agrícola o pecuario su lucro no va a provenir fundamentalmente del producto o de su procesamiento y mercadeo, sino del súbito incremento del precio de la tierra, que en el caso del río Meta será mayor en la medida en que el estado realice allí proyectos de navegación. Así el inversionista se habrá territorializado y en lugar de empresario agropecuario será realmente un rentista, de manera que el efecto macroeconómico será mantener el estancamiento agrario.

Por consiguiente, las propuestas del gobierno lejos de ser realmente “modernizantes”, afianzan el rentismo. El proyecto de ley de tierras y desarrollo rural amplía de 3 a 5 años el plazo para la extinción de dominio de un predio no aprovechado. De aprobarse esa propuesta la cantidad de tierra desperdiciada aumentaría, al igual que el precio de la tierra. Para completar elimina el concepto de título originario del estado para probar la propiedad, asimilándolo a cualquier negocio jurídico y ratifica la posibilidad creada por la ley 1182 de 2008 de legalizar la compra venta de cosa ajena.

El proyecto del Gobierno elimina la protección especial de los territorios de pueblos cazadores, recolectores o agricultores itinerantes; desaparece la norma que reconoce el carácter inalienable que tienen 12 reservas indígenas; desconoce la presunción de vigencia de los resguardos coloniales con títulos debidamente registrados y exige una certificación del ministerio del Interior para evitar que un territorio indígena o afro sea adjudicado como baldío, dejado de reconocer como las áreas que constituyen el hábitat de una comunidad indígena (áreas de caza, pesca, recolección, protección ambiental y sitios sagrados). La eliminación de las normas que protegen los territorios indígenas va también en la dirección del rentismo, que quiere tomar gratis las tierras.

Para el sector agropecuario la vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos ha resultado un nuevo golpe, que supone aun más importaciones que afectarán a los productores de leche, aves, fríjol y cereales, por ejemplo, mientras se da prioridad a las locomotoras minera y energética.

En la medida en que la agricultura se ha estancado, el rentismo ha evolucionado hacia lucrarse de las actividades mineras y petroleras y de los megaproyectos hidroeléctricos viales, tanto por la valorización de las tierras situadas en las cercanías de esos proyectos, como por la captura de las regalías mediante el control político territorial. En todo caso, la prima de la propiedad de la tierra7supera la rentabilidad de la inversión agropecuaria.

Cuando se propone como alternativa para el desarrollo rural la vía campesina, no se trata de excluir la presencia de empresas, sino de abrir un camino diferente al rentismo que resulta de la concentración especulativa de la propiedad de la tierra.

Las organizaciones campesinas de la Mesa de Unidad Agraria han redactado un proyecto de ley de tierras, desarrollo rural y reforma agraria, cuyas principales diferencias con el proyecto del gobierno radican en que enfrenta el rentismo estableciendo medidas para que los suelos sean aprovechados de acuerdo con su calidad y redistribuyendo la propiedad; busca recuperar la soberanía alimentaria; respeta los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afro; defiende la diversidad étnica y cultural y, lo que es muy importante, establece los mecanismos institucionales para generar tecnología propia, limpia, adecuada a cada forma de producción, producto, problema y ecosistema.

La vía campesina sí puede garantizar el desarrollo rural en Colombia

El discurso oficial y los medios de comunicación insisten mucho en poner como modelo de desarrollo agropecuario a Brasil. Olvidan sin embargo diferencias decisivas: Brasil protege toda su producción nacional agropecuaria, mientras Colombia solamente protege la producción de caña de azúcar y palma aceitera; en Brasil el estado hace inversiones importantes en el sector, en Colombia no y; en Brasil existe un poderoso movimiento campesino que lucha por la tierra y por el reconocimiento de la agricultura familiar y ha presionado sobre las fincas desaprovechadas. La economía campesina sigue teniendo un gran papel en Brasil y demuestra más eficiente uso de los recursos que el agronegocio.

Por otra parte, el fracaso del proyecto de Chicoral para que la gran propiedad impulsara el desarrollo agropecuario en Colombia contrasta en cambio con el éxito de la economía campesina en Vietnam, una experiencia oculta para los colombianos.

Vietnam es un país que quedó muy pobre después de las guerras. Sin embargo es ahora es un país sin latifundio y las fincas no superan las 6 hectáreas.8 De ser un importador, Vietnam se convirtió en el segundo exportador mundial de arroz y actualmente es el segundo productor y primer exportador de café9 y segundo exportador de nuez de marañón y, un gran productor de ñame, té y carne de aves. Esto a partir de un decreto de 1981 que promovió el predominio de las parcelas familiares y el respeto y fomento de la iniciativa campesina. A partir de ahí, la agricultura vietnamita se convirtió en un éxito de dimensión mundial.10 El éxito se debió también a un fuerte apoyo del estado al sector, a la integración de la agricultura y ganadería con el aprovechamiento forestal y la pesca11 y en especial a la intensa generación de tecnología propia.12

Colombia en cambio ha fracasado con el modelo de gran propiedad. Ni el proyecto de instaurar el modelo de los sultanes malayos ha alcanzado más que una cierta expansión de la palma aceitera, limitada entretejida con las zonas de mayor violencia y desplazamiento forzado, pero limitada por los precios de la tierra en las otras áreas que hacen que su costo de producción sea 82% más alto que en Malasia.13

Para el trabajador rural lo que se han impuesto salarios bajos mediante sistemas que ocultan la relación laboral como las “cooperativas de trabajo asociado” y los “contratos sindicales” o mediante la tercerización. La alta renta de la tierra se identifica directamente con los bajos salarios.14

Como no hay tecnología propia, toda la “productividad” proviene de la superexplotación del obrero agrícola. Las tecnologías compradas a las transnacionales, además de crear dependencia y costar caro, conducen a fracasos y quiebras como la del algodón transgénico en Córdoba.

El proyecto de ley de los campesinos propone otra ruta. Ha sido elaborado para discutirlo con la sociedad colombiana y presentarlo al Congreso de la República. Fue radicado ante los organismos que coordinan la consulta previa a los grupos étnicos, pero el gobierno se niega a dejarlo consultar simultáneamente con su proyecto y alega que los campesinos deben pagar su propia consulta.

Ahora que el tema del desarrollo rural es el primero que se tratará en los diálogos de paz de La Habana, a partir del lunes 19 de noviembre próximo, la Mesa de Unidad Agraria ha expresado que espera su proyecto sea tenido en cuenta por las partes y que desea que esas negociaciones puedan culminar con éxito.

Hay que tener en cuenta que la guerra perpetua ha sido el motor del desplazamiento forzado y de la concentración especulativa de la propiedad de la tierra y en un círculo vicioso la alta renta de la tierra que esa concentración sostiene, ha estimulado y sigue estimulando la violencia por el control territorial, las masacres, el despojo, la colonización de los bosques y los cultivos ilegales.

El conflicto armado por otra parte se ha convertido en un gran obstáculo para que las comunidades rurales se movilicen en todo el país para cambiar el modelo de ruralidad que mantiene en el estancamiento al sector agropecuario colombiano, desplaza forzadamente del campo a cientos de miles de compatriotas, golpea los territorios de los grupos étnicos, devora los bosques, destruye los ecosistemas y acrecienta la concentración especulativa de la propiedad de la tierra.

El país necesita proteger su sector agropecuario, enfrentar la concentración especulativa de la propiedad rural, reducir los precios de la tierra, generar tecnología propia y priorizar la producción de alimentos. Esto puede darle a Colombia soberanía alimentaria, desarrollo rural, respeto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afros y raizales, más bosques preservados, mejoramiento del nivel de vida y paz.

Una negociación de paz exitosa sería en sí misma un paso para que millones de colombianos conquisten esa ruralidad diferente.

Edición N° 00329 – Semana 16 al 22 de Noviembre de 2012

1 Portafolio (2009) “Colombia tendría la tierra más cara de la región, según estudio de la SAC”, 30 de octubre de 2009.

2 El País (2007) “Amargo debate por precio de la caña”; El País, Cali, 23 de febrero de 2007.

3 PNUD (2011) “Colombia Rural: Razones para la Esperanza”. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, p. 197.

4 PNUD Op.cit. p. 200.

5 DNP (2010) “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos”. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, p. 172.

6 MADR Anuarios Agropecuarios.

7 Keynes, John Maynard (1936) Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. México: Fondo de Cultura Económica, quinta edición, 1958, p. 232.

8 Nova González, Armando (2011) “La agricultura en Vietnam y el nuevo modelo agrícola en Cuba”.IPS, 30 de julio de 2011.

9 FAO (2012) Vietnam destrona a Brasil como el primer exportador mundial de café. AGRONoticias América Latina y el Caribe, 4 de septiembre de 2012.

10 Merlet, Michel (2002) “La serie de reformas agrarias y el éxito de la agricultura familiar”; Fondo Documental Dinámico sobre la gobernanza de los recursos naturales en el mundo. AGTER. Fuente: Dao The Tuan (2001) “Communications écrites et orales à l’atelier Agriculture paysanne et réformes agraires du Forum Social Mondial”, IRAM - APM - CONTAG, Porto Alegre.

11 Merlet (2011) Op.cit.

12 Bui Ngoc Hung et Duc Tinh Nguyen (2002) “Le développement de l’agriculture vietnamienne au cours des 15 dernières années”; Vertigo 3:2.

13 DNP (2010) Op.cit.

14 Marx, Karl 1894. El Capital III. México. Fondo de Cultura Económica, 2ª ed. 1959, p. 586.

Tomado en Viva la Ciudadanía
http://www.viva.org.co/cajavirtual/svc0329/articulo02.html

Tierra, Territorialidad y proceso de Paz

Por Alberto Pinzón Sánchez

El primer punto del acuerdo firmado en agosto en la Habana por el Estado colombiano y las FARC –Ep, sobre “política de desarrollo agrario integral”, en el primer sub-tema se lee lo siguiente: “El desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país”. Si se revisa con cuidado la enunciación de todo el numeral agrario, se observa que allí está contenida en líneas generales, la concepción sobre Tierra y Territorio, que dos meses después en Oslo, ampliara el comandante Iván Márquez, en su discurso de formalización internacional del inicio de los diálogos de paz.   

No es mi deseo fatigarlos repitiendo cifras o datos, sino destacar para aquellos a quienes les cortaron la trasmisión, dos aspectos íntimamente entrelazados, que fueron esbozados por él al inicio de su discurso; para luego contrastarlos con la realidad constitucional vigente en el País. Uno, los datos básicos del actual problema agrario y dos, el concepto cualitativo de Tierra como Territorio, reforzado con una cita del nuestro padre Simón Bolívar. Dijo así:    

 “Más de 30 millones de colombianos viven en la pobreza, 12 millones en la indigencia, el 50% de la población económicamente activa, agoniza entre el desempleo y el subempleo, casi 6 millones de campesinos deambulan por las calles víctimas del desplazamiento forzoso. De 114 millones de hectáreas que tiene el país, 38 están asignadas a la exploración petrolera, 11 millones a la minería, de las 750 mil hectáreas en explotación forestal se proyecta pasar a 12 millones. La ganadería extensiva ocupa 39.2 millones. El área cultivable es de 21.5 millones de hectáreas, pero solamente 4.7 millones de ellas están dedicadas a la agricultura, guarismo en decadencia porque ya el país importa 10 millones de toneladas de alimentos al año.

 Aquello que fue causa esencial del alzamiento armado y de una heroica resistencia campesina, a lo largo del tiempo se ha agudizado. La geofagia de los latifundistas acentuó la desequilibrada e injusta estructura de la tenencia de la tierra. El coeficiente GINI en el campo alcanza el 0,89. ¡Espantosa desigualdad! Los mismos datos oficiales dan cuenta de que las fincas de más de 500 hectáreas corresponden al 0.4% de los propietarios que controlan el 61.2% de la superficie agrícola. Se trata de una acumulación por desposesión, cuya más reciente referencia habla de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a través de masacres paramilitares, fosas comunes, desapariciones y desplazamiento forzoso, crímenes de lesa humanidad, acentuados durante los 8 años de gobierno de Uribe, todos ellos componentes del terrorismo de Estado en Colombia.

 Para nosotros, el concepto Tierra está indisolublemente ligado al Territorio; son un todo indivisible que va más allá del aspecto meramente agrario y que toca intereses estratégicos, vitales, de toda la nación. Por eso la lucha por el territorio está en el centro de las luchas que se libran hoy en Colombia. Hablar de tierra significa para nosotros hablar del territorio como una categoría que además del subsuelo y el sobresuelo entraña relaciones socio- históricas de nuestras comunidades que llevan inmerso el sentimiento de patria, que concibe la tierra como abrigo, y el sentido del buen vivir. Al respecto debiéramos interiorizar la profunda definición del Libertador Simón Bolívar sobre qué es la patria, nuestro suelo, nuestro territorio: “Primero el suelo nativo que nada -nos dice-, él ha formado con sus elementos nuestro ser; nuestra vida no es otra cosa que la esencia de nuestro propio país; allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y los que nos han dado alma por la educación; los sepulcros de nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo; todo nos recuerda un deber, todo nos excita sentimientos tiernos y memorias deliciosas; allí fue el teatro de nuestra inocencia, de nuestros primeros amores, de nuestras primeras sensaciones y de cuanto nos ha formado. ¿Qué títulos más sagrados al amor y a la consagración?”..

Es decir que, a más del problema jurídico de la propiedad de la tierra, que sirve como relación de producción dominante en la actual Colombia, el comandante Márquez planteó también y en paralelo, el esencial problema de la Territorialidad política reflejada en la constitución de Colombia, vigente desde 1991.

Repasando algunos detalles históricos, se puede decir que Colombia inició en 1983, un proceso ininterrumpido de desconcentración territorial que llamó “Descentralización”. Sin embargo,  todo este proceso de ajuste institucional, ha tenido como eje central la conservación de un centro político centralista, donde un solo centro de Poder localizado, por razones históricas, en el centro de Colombia, la plaza de Bolívar de Bogotá, toma las decisiones tanto ejecutivas como legislativas y judiciales para todo el país, sin tener en cuenta las regiones que lo conforman.  

Yendo hacia atrás en la historia colombiana, el debate moderno actual y científico, se inició aproximadamente en 1960 en la facultad de ciencias humanas de la universidad Nacional, donde confluyeron científicos sociales que dejaron sus huellas profundas en planteamientos escritos; como el maestro humanista colombo- alemán Ernesto Guhl, el antropólogo Miguel Fornaguera, junto con sociólogos como el sacerdote Camilo Torres Restrepo y Orlando Fals Borda, para mencionar solo algunos de ellos.  

Los llamados centralistas, generalmente gamonales miembros de la casta política y los linajes oligárquicos dominantes; herederos de la constitución ultra centralista, religiosa y autoritaria de 1886, y partidarios a ultranza de la división política de Colombia en departamentos, siempre han interpuesto su Poder, para evitar cualquiera alteración en sus feudos electorales, que han dado en llamar circunscripciones departamentales. Mientras que sus oponentes, con un criterio científico, humano y administrativo actual, a partir del concepto moderno de Territorialidad, plantearon la necesidad de reformar la organización del Estado colombiano actual, para que se permitiera la creación de nuevas territorialidades o entes territoriales, que garantizaran el ejercicio de la autonomía regional, provincial y local.  

Con este debate se llegó a la Asamblea Constituyente de 1991, donde se pretendió acoger el espíritu de autonomía, descentralización y regionalización que se agitaba por esa época, pero sin saber como hacerlo. Dada las características de la asamblea constituyente y del proceso de conformación, análisis que corresponde a otro momento, el resultado no sorprendió: se obtuvo como texto constitucional final, un sistema de ordenamiento territorial ecléctico, burocrático y completamente disfuncional, que consagró una estructura híbrida de departamentos y fusiones de estos en regiones, y terminó profundizando aún más la crisis político administrativa del país. Cuando lo que se necesitaba era un claro re-ordenamiento territorial con regiones autónomas, dotado con una clara re-distribución de competencias y recursos entre la nación y los niveles básicos del ordenamiento territorial: las regiones, los distritos, los municipios, los territorios indígenas y, de las negritudes. Alguien decía con sorna que en cada región había surgido un frente guerrillero.

Después de 20 años de haberse adoptado la nueva constitución y tras el hundimiento de veinte proyectos legislativos de ordenamiento territorial; finalmente el congreso en su infinita sabiduría, expidió un remedo de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, llamada con el extraño nombre de LOOT. Se trató de una ley intrascendente, por la misma razón por la cual se expidió:

El congreso de la república de Colombia, se perpetúa mediante una cultura política denominada en Colombia “clientelismo “, que tiene articulada en la presente estructura de los municipios y departamentos, la organización de sus feudos electorales encadenados en una red proteiforme y corrupta de adscripciones, favores, contratos, auxilios y burocracia, que pasan por las comunas, concejos, alcaldías, asambleas y gobernaciones, para entroncar con las instancias superiores o nacionales del Poder legislativo, el Poder presidencial y hasta el Poder de las altas cortes judiciales. Hoy el caso más paradigmático lo constituye la elección anunciada del uribista enemigo de la paz, el procurador Ordóñez.

 En estas circunstancias, resultaba para el clientelismo dominante, una inconveniencia política fatal, promulgar una nueva forma de ordenamiento territorial que desarticulara o rompiera esa cadena de adscripciones y clientelas, sobre la que gravita su supervivencia política y económica.

Para superar la gran crisis económico, social, ambiental y cultural de las regiones, que actualmente es más marcada como lo indican los datos aportados por el comandante Márquez, hubiera sido necesario re-plantear todo el ordenamiento territorial del país y proceder a integrar las regiones buscando su desarrollo integral y sostenible, dentro de claros criterios de descentralización política, administrativa y fiscal; de autonomía regional, de participación social, de transparencia y eficiencia administrativas; de recuperación y protección del medio ambiente y , de pluralismo y respeto a la cultura y a la organización económica y social de las etnias indígenas y, pueblos minoritarios oprimidos como las negritudes . Lo cual no se hizo y, está aún en mora de hacerse.

Hagamos también para contrastar, un pequeño repaso a todo este sistema de trabas constitucionales establecidas en la carta de 1991: En el artículo 151 la constitución aprobada ordena al congreso de la república expedir diversas leyes orgánicas, entre las cuales está la relativa a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. De igual manera, en el artículo 288, remite a la LOOT o Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la distribución de competencias entre la nación y los departamentos. En el artículo 297, ordena la formación de nuevos departamentos. En el artículo 319 señala el régimen administrativo y fiscal especial para las áreas metropolitanas, y en el artículo 329, dispone la conformación de las entidades territoriales indígenas.

Así mismo en el artículo 306, la constitución colombiana establece las Regiones Administrativas de Planificación, cuya sugestiva sigla es rap, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio, con el plausible pero demagógico objeto de promover el desarrollo económico y social del respectivo territorio. En el artículo 307, delega en la LOOT establecer las condiciones para solicitar la conversión de la región en entidad territorial y las atribuciones, los órganos de administración, los recursos de las regiones, junto con los principios para la adopción del estatuto especial de cada región.

Pero, en ese mismo artículo 307, la tan citada constitución establece el tránsito previo de las regiones territoriales por las Regiones Administrativas de Planificación, o rap, condicionando su existencia a la expedición de la LOOT, y por si fuera poco, en el articulo 306 referido, se vuelve a condicionar la creación de regiones a la voluntad de los departamentos para asociarse y lo amarra con un nudo ciego en el artículo 321, con la creación de las provincias a la voluntad de asociación de los municipios y los territorios indígenas circunvecinos, que pertenezcan a un mismo departamento. Con ello, se impidió que para la conformación de las regiones o de las provincias, pudieran afectarse los territorios departamentales o municipales; convirtiendo la actual conformación político- administrativa de Colombia en la dimensión fundamental y casi única del reordenamiento territorial del país.

Así las cosas, no es difícil llegar a concluir que el primer punto del acuerdo firmado por el Estado colombiano y las FARC –Ep, sobre “política de desarrollo agrario integral” y en especial, el primer sub-tema sobre el “desarrollo agrario integral como determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país” ; necesariamente chocará con las trabas constitucionales enunciadas, las cuales si se desea avanzar en un proceso de paz, deberá re-plantear completamente, con el claro concepto aprendido de la experiencia de 1991 de que una constitución por si sola, sin la compañía de los cambios estructurales económicos sociales, políticos, culturales y porqué no decirlo morales, que la deben preceder; no constituye un antídoto definitivo contra ningún embrujo neoliberal autoritario. Por ahora habrá que seguir en la disyuntiva cruel de poner en la mesa del comedor combustible en lugar de arepa y etanol en lugar de panela.