jueves, 29 de noviembre de 2012

Debate en ANNCOL: Paz y diálogo con Alcaldes y gobernadores

Victor Carranza, el Baron de Esmeralda, acusado por creador de grupos narcoparamilitares.
Es dueño de un millón de hectáreas (1.000.000) de tierra. ¿Que ha pensado hacer con semejante
megalatifundio, Sr. Santos ?
Foto El Espectador.


Por Horacio Duque
Ha concluido una primera fase del trabajo de la Mesa de conversaciones de paz en La Habana. Las partes han hecho informes positivos, que deben impactar el ambiente enrarecido por la inusitada depresión cívica, estimulada por la retícula mediática y sus encuestas, y por el “asunto San Andrés”, que el caudillo patriotero utiliza para pescar en río revuelto. Serenidad, dijo el paisa. Esto apenas da sus pasos iniciales.
Los primeros días se han ocupado del tema agrario y la participación social en los diálogos.
Los asuntos del agro avanzados en la Mesa se ampliarán en un Foro programado para los días 17, 18 y 19 de diciembre en Bogotá, organizado por la Universidad Nacional y las Naciones Unidas. Quiere decir Agenda y reglas de funcionamiento en armonía, tal como lo dispone el Acuerdo General suscrito por los plenipotenciarios de las partes.
Lo deseable es que los principios del preámbulo del Pacto General, cinco esenciales, sean la referencia de la discusión teórica del certamen de diciembre, en el que necesariamente se darán enfoques no compatibles sobre el campo.
La demanda campesina focaliza la necesidad de realizar una reforma agraria sustancial, que elimine, por ejemplo, el macrolatifundio de un millón de hectáreas del narcoesmeraldero Victor Carranza, quien previendo lo que se viene, ha organizado ya un ejército de supuestos “campesinos”, testaferros, quienes están ocupando (lo vi hoy en el Meta, para que no se diga que lo invento), de manera muy organizada, sus extensos predios en Puerto López, Puerto Gaitan, Cesar, Quindío, Córdoba, la Sabana, Bolívar, Uraba, Casanare, Norte de Santander, para hacer transferencia jurídicas “chimbas” en Juzgados, Instrumentos públicos e INCODER (proyectos productivos), y simular una reforma agraria “compatible” con los postulados de un programa progresista derivado de La Habana. Es tal la vagabundería de este “lavado de tierras” que tiene el concurso de alcaldes, jefes de planeacion jueces, policías oficiales del Ejercito y altos directivos del Incoder, que hacen su agosto con este gigantesco simulacro de “reforma agraria” terratreniente. Incluso los “invasores” se hacen llamar “autodefensas gaitanistas”.
El “modelo Carranza” ya está siendo clonado por otros poderosos terratenientes a lo largo del territorio nacional, para anticiparse a las implementación de la tercera fase de los acuerdos a que se llegue en la Mesa de Conversaciones. Grandes hacendados están organizando, en diversos puntos de la geografía, amplios conglomerados de peones (las peonadas del siglo XXI), dispuestos a prestar sus nombres para la maniobra de fragmentacion ficticia de los latifundios.
Obviamente este movimiento real de la propiedad de la tierra en curso será adornado con el discurso técnico de los consultores oficialistas sobre enfoque territorial, ordenamiento rural, agronegocio y desarrollo rural moderno de capitalismo verde. Los veremos en el Foro, muy serios y graves con su verbo asalariado.
Al margen de los “giros lingüísticos” posmodernos en boga, las organizaciones campesinas deben actuar ocupando las tierras del latifundio para democratizarlo de facto.
Como quiera que el tema de la participación de la sociedad civil es un regla de funcionamiento con muchos campos de operación, a la Mesa le conviene construir canales de comunicación con los 1200 alcaldes del país y los 39 gobernadores de los departamentos, tal vez organizados por regiones.Desde luego, incluyendo las autoridades de los Resguardos y Cabildos indígenas y los directivos de los Consejos Comunitarios afrodescendientes, regulados por la Ley 70. Los foros corren el riesgo de una retórica difusa, técnicamente irrelevante, con flancos muy débiles que le dan papaya a los eternos y conocidos enemigos de la paz que ahora actúan armados de Twitter y facebook.
Por fortuna el del 17/18/19 de diciembre cuenta con la muy reputada gerencia de la Universidad Nacional/PNUD, garantía de que ese escenario no será un ejercicio estéril de democracia participativa.
Nota: La tierra es para el campesino que la trabaja y para eso necesitamos una reforma agraria democrática e integral con la acción de masas revolucionaria de los pobres del campo.

miércoles, 28 de noviembre de 2012

Debate Agrario Colombia: Extranjerización de la tierra


Como un aporte a la discusión sobre el tema agrario y el próximo foro "Política de Desarrollo Agrario Integral (Enfoque Territorial)" a desarrollarse en Bogotá los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2012, publicamos este articulo que ilustra sobre la gran problemática agraria en nuestro país.

Por: Jimy Ríos





Así lo dijo categóricamente el Secretariado de las FARC–EP en Oslo. Además reveló los objetivos de la agenda agraria neoliberal de Santos: "El fin último de tales políticas, en detrimento de la soberanía y del bienestar común, es dar seguridad jurídica a los inversionistas, liberalizar el mercado de tierras y lanzar el territorio al campo de la especulación financiera y mercados de futuro."

Uno de los principales impulsores de esta política es el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo. En el camino hacia el abismo, anuncia un proyecto de Ley para regular la inversión extranjera en tierras y la agroindustria. Convertido en abogado de los intereses foráneos, el titular de esta cartera dijo que tal inversión "no la podemos sacar a escobazos de Colombia cuando es sana, aporte tecnología, genere exportaciones y amplíe el mercado interno… busca darle claridad a las reglas de juego y al panorama jurídico…. la inversión extranjera en el campo es muy baja y hay que estimularla."

Este proyecto de Ley es, en parte, una respuesta del gobierno mostrándose contrario a otras iniciativas en el Senado que buscan "limitar la inversión extranjera en el campo". Lo paradójico del asunto, es que los senadores integran los partidos políticos de la coalición de gobierno, y es con ellos la polémica generada en éste tema. Paradójico también, pues fueron los mismos congresistas que aprobaron el Plan de Desarrollo Neoliberal de Santos, cuyo articulado promovía la llegada de grandes capitales al sector agropecuario. Esa parte del Plan fue declarada inconstitucional por la Corte.

Polémica con los seguidores de las FARC.

Al Ministro le preguntaron: Pero usted mismo dice que parte del debate coincide con la postura de las FARC... Y él respondió. "(…) algunos proyectos están inspirados en el discurso de 'Iván Márquez'. No sé si es coincidencia, pero el debate tiene que adelantarse sin un chovinismo premoderno que afecte al pequeño agricultor y siendo plausible para la modernización de la agricultura. Confío en que cuando en la mesa de negociación queden los micrófonos fuera, el discurso sea más realista que lo que oímos en Oslo (Noruega)." Para Restrepo, el Partido Conservador, el Partido de la U y Cambio Radical, se inspiran en las FARC.

La discusión entre godos tiene antecedentes en mayo de éste año, cuando el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía, manifestó que ciertas reformas en la política agraria, favorecería "la apropiación de tierras, no para fortalecer la economía colombiana, sino para que otros países siembren aquí sus alimentos y los exporten a sus naciones, como podría suceder con inversionistas de los países petroleros del Golfo Pérsico."

Un paréntesis a manera de objeción a la SAC. Tanto éste gremio como los otros, al fin y al cabo en manos de neoliberales, se han preocupado precisamente por ampliar los mercados y exportar sus productos. De ahí que hayan apoyado la tesis de la internacionalización de la economía y los Tratados de Libre Comercio. Preocupados sí, por la competencia internacional a sus negocios, pero no los pequeños productores y los campesinos en general.

El partido Conservador, del cual viene el ministro, presentó una reforma constitucional según la cual, los extranjeros no deben comprar más del 15% de la tierra. La iniciativa es de Hernán Andrade, y propone, entre otras medidas, evitar que los extranjeros para compren, arrienden o usufructúen más de dos Unidades Agrícolas Familiares (UAF). Tampoco se les permitiría ser dueños de predios con bosques nativos, ubicados en áreas protegidas, o que contengan o se extiendan sobre fuentes de agua superficiales o subterráneas. Así mismo, no podrán adquirir minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía dentro de 50 kilómetros de las zonas de frontera. En la justificación alertan que la IE "pondría en peligro la soberanía y la seguridad alimentaria del país".

Con estos mismos argumentos presentó su proyecto Juan Lozano del Partido de la U. En palabras de Lozano, "Colombia ha dejado de producir en muchos campos, los alimentos que requieren nuestros compatriotas; para garantizar la seguridad alimentaria, no se puede exponer al país a que los inversionistas extranjeros se apropien de tierras para sembrar alimentos, que a su vez, exportarán a sus países de origen, y en nada beneficiarán a nuestro país."

Al paso salió el ministro preocupado y sostuvo, "No estamos ante una invasión de inversionistas extranjeros que estén acaparando grandes porciones de tierra, este proyecto como está planteado ahuyenta todo tipo de inversión, pero no sólo en el sector del agro sino también en el sector minero". Y muy contrario a los otros argumentos, afirma que la IE puede ayudar a fomentar la seguridad alimentaria." Restrepo ha llegado al punto de decir que "Hay xenofobia contra inversionistas del agro". Además manifestó el desacuerdo del Gobierno a que el control a la inversión extranjera en tierras se establezca fijando porcentajes o que se asocie implícitamente con inseguridad alimentaria.

A su turno, el viceministro de energía, Tomas González, se sumó a la crítica de los proyectos anteriores; en sus cálculos, "los extranjeros tienen capital, en un sector que este año requiere inversiones por 6 mil millones de dólares, de tecnología, porque hay actividades que solamente se pueden realizar con equipos extranjeros, y además competencia, porque sin la participación internacional no se lograrían las mejores condiciones para el país."

Al presentar la iniciativa para regular la IE en el campo, los Ministerios de Agricultura y del Interior plantean como defensa no tener claridad sobre cuantas tierras están en manos de extranjeros y tampoco conoce que hacen con ellas. Restrepo ha dicho que "no hay censo todavía. Queremos establecer el registro, tanto de las inversiones que hay como las que lleguen". Y en las proyecciones inmediatas, anuncia cerca de 1.000 millones de dólares que están parqueadas por falta de seguridad jurídica.

Inversión Extranjera en la tierra convertida en botín de las transnacionales.

La IE y las ganancias que obtienen las transnacionales son indicadores que bien expresan la extranjerización de la tierra, la desnacionalización de la economía, la entrega sumisa y subordinada de nuestros recursos naturales y la pérdida de soberanía sobre nuestro territorio. También da cuenta de las nuevas espacialidades del capitalismo buscando incrementar sus negocios, esta vez, de cuenta de la tierra por fuera del triangulo de oro: Bogotá, Cal, Medellín. O del polígono del desarrollo sumando Barranquilla a los tres anteriores.

La confianza inversionista y la atracción de capitales se hace a cualquier costo en desfavor de los intereses del Pueblo colombiano. No deja de ser indignante el dato que nos proporciona Moreno Rivas: el valor de las utilidades y dividendos remitidos al exterior como proporción de la inversión extranjera creció entre 2000 y 2011. Así, la extracción de rentas pasó de 28 dólares por cada 100 de inversión extranjera en 2002, a 107 dólares en 2011: un balance nítidamente negativo para la economía nacional, sostiene el investigador.

A octubre de 2012, la IE ya había superado el total de 2011 cuando alcanzó los 13.3 mil millones de dólares. Según el ministro Restrepo, en la agricultura solo alcanzó el 1.5% de ese total, calculado en 150 millones de dólares. Días antes había contabilizado el 2%. Él cita al Banco de la República, aunque éste informa que fueron 156 millones de dólares y en 2010 sumaron 67. Pero bueno, si acepta que no sabe quiénes son, dónde están y qué hacen con la tierra, menos conoce cuánto invierten y menos aún la explotación y las ganancias del saqueo. Solo debe conocer lo que le ofrecen los lobistas a él y a los congresistas.

El punto es que el gobierno está empeñado en elevar la cifra de IE en el campo. Ya vimos al viceministro de energía mostrando la necesidad de 6 mil millones de dólares. El Ministro dice que hay frenados mil. Y cuando la Corte Constitucional tumbó los artículos del Plan de Desarrollo, el gobierno había lamentado el frenazo a 800 millones de dólares.

Sobre la extranjerización de la tierra, la revista Portafolio, presentó un informe que denominó "la Inversión Extranjera pone el ojo en el campo". Vale la pena la cita extensa que comienza con la alarma de la FAO sobre los negocios que llevan a la propiedad extranjera sobre la tierra. No solo por que los inversores se llevan la comida para sus países, sino, por que están sembrando para biocombustibles como veremos más adelante.

Hace algunos meses, reporta Portafolio, "la multinacional estadounidense Cargill -la mayor comercializadora del mundo de materias primas agrícolas- emprendió en la altillanura colombiana un proyecto de producción de cereales que involucra 90.000 hectáreas en el departamento del Meta, y ya invirtió 100.000 millones de pesos en la compra de tierras.

En una visita al ministro Restrepo, un grupo de empresarios indios y chinos manifestaron su interés por comprar medio millón de hectáreas, traer la maquinaria y la mano de obra, producir cereales y exportarlos a sus países. Al final, el proyecto resultó poco viable y a algunos les despertó desconfianza.

Entre tanto, sí han avanzado negocios más aterrizados, a criterio de Portafolio: en Puerto Gaitán, la boliviana Mónica Semillas tiene 12.000 hectáreas, en las cuales ha hecho inversiones por 20 millones de dólares, representados en la compra de tierras, maquinaria, equipos, silos, adecuación de tierras, obras civiles, insumos, semillas e infraestructura. Otra inversión está en Pivijay (Magdalena), donde el grupo empresarial israelí Merhav ha invertido 300 millones de dólares en la compra de 10.000 hectáreas, en las obras civiles y en la evaluación de las variedades de caña que se sembrarán para poner en marcha un proyecto de etanol. (Sobre los biocombustibles diremos algo más abajo).

A esto se suma que en el Magdalena Medio, el Grupo Ingacot (Argentina) explota no menos de 1.000 hectáreas de cultivos de soya y maíz, pero no en tierras compradas, sino tomadas en arriendo a sus propietarios. En el sector forestal, son 100.000 las hectáreas en manos de la sueco-ecuatoriana MS Timberland Holdings (Reforestadora El Guásimo), la europea Smurfit-Kappa, las chilenas Compañía Agrícola de La Sierra y Reforestadora del Sinú, y los fondos de inversión multinacionales Inverbosques y Forest First.

Entre los potenciales inversionistas, también se cuentan los grupos André Maggi (Brasil) y Los Grobo (Argentina), de propiedad de Blairo Maggi (gobernador del estado de Mato Grosso) y de Gustavo Grobocopatel. Estos dos empresarios, por el volumen de sus negocios y áreas sembradas, han sido llamados los reyes del cultivo de la soya de Brasil y Argentina, respectivamente.

Lo anterior por el lado de los extranjeros. Los capitalistas criollos no se quedan de brazos cruzados. De hecho, no es difícil pensar que detrás de las iniciativas legislativas para restringir la IE, se encuentren agazapados los intereses de la oligarquía y capitales criollos, para que sean estos los que realmente exploten los agronegocios. No sería la primera vez. Detrás de una supuesta dignidad nacionalista, o el supuesto interés por defender los campesinos, sirve de cortina para los propósitos de los empresarios que se ven amenazados por la invasión que niega el ministro.

El interés de los empresarios colombianos por el campo, fue planteado por el Secretariado de las FARC en Oslo: "Ahora han aparecido unos tales "nuevos llaneros" que de llaneros no tienen nada, como los magnates Sarmiento Angulo y Julio Mario Santodomingo (hijo), los terratenientes Eder del Valle del Cauca, el ex vicepresidente Francisco Santos (gestor del paramilitar Bloque Capital), los hijos de Uribe Vélez, entre otros filibusteros, que ningún derecho tienen sobre esas tierras y que sólo quieren clavar sus garras en el petróleo, el oro, el coltán, el litio, explotar grandes proyectos agroindustriales y la biodiversidad de la altillanura."

Como podemos leer en el texto citado en el párrafo anterior, allí se hace alusión directa a los terratenientes Eder del Valle del Cauca. En ése momento, De la Calle reviró diciendo que no fue de buen recibo la alusión a nombres. Y en entrevista a Francisco Santos, María Isabel Rueda le pregunta: "Entre los mencionados en la rueda de prensa estuvo la familia Éder, del Valle del Cauca. Ni siquiera tuvieron cortesía con Alejandro Éder, uno de sus miembros, actualmente alto consejero para la Reintegración, quien estaba sentado detrás, como enviado del Gobierno... "

Sobre éste grupo, Dinero escribió: "La internacionalización de la agricultura colombiana tiene un símbolo: el Grupo Manuelita," cuyo presidente es Harold Eder. El análisis de la publicación plantea que mientras los extranjeros quieren venir por nuestra tierra, los nacionales buscan lo propio en otras latitudes. Buscan, claro, pero no significa que abandonen sus negocios aquí, como veremos por ejemplo con los biocombustibles en el siguiente aparte. Dicho sea de paso, el tema de la internacionalización es nombrado en el artículo 68 del proyecto de ley de Desarrollo Rural.

¿Tierra para qué?: "7 millones de hectáreas para biocombustibles"

Vimos en el punto anterior la tierra para quién. La pregunta en éste, es tierra para qué. El centro de la respuesta es presentado por Secretariado: "dentro de su estrategia está la utilización del suelo para extender las explotaciones forestales y las inmensas plantaciones, no para resolver el grave problema alimentario que padece nuestro pueblo, sino para producir agro-combustibles que alimentarán automóviles."

Así lo demuestra el más reciente estudio de Asocaña y Fedebiocombustibles que calculó en Colombia 7 millones de hectáreas para biocombustibles producto de caña de azúcar y palma africana. El país se perfila como el segundo mayor productor de biocombustibles en la región; en etanol, después de Brasil, y tercero en biodiesel, después de Argentina. Dicho sea de paso, el gobierno ha insistido que el modelo a seguir es el brasilero.

El sector de la caña de azúcar, al cual pertenece Manuelita de los terratenientes Eder, tiene un área cultivada de unas 223.905 hectáreas, y produjo el año pasado 336,95 millones de litros de etanol; tiene proyectado un volumen de 370 millones de litros para 2012. Por su parte, el sector de las palmas de aceite, con un área de 427.367 hectáreas sembradas, produjo el año pasado 443.037 toneladas de biodiesel.

Pero no son solo los empresarios privados los que en lugar de comida, producen biocombustibles adentro y afuera. La estatal petrolera Ecopetrol, debutó en el negocio con el primer barril de biodiesel en Ecodiesel Colombia. Con esta empresa, Ecopetrol y un grupo de palmeros del Magdalena Medio entran en este mercado. Recordemos aquí el informe de Alfredo Molano sobre la siembra de palma africana en el Catatumbo y la relación con el paramilitarismo.

Oficialmente se informa que hace tres años nació Ecodiesel Colombia, cuyo capital es 50% de Ecopetrol y 50% de siete empresas palmeras del Magdalena Medio. Los socios de Ecopetrol en el proyecto son: Extractora Central S.A., Palmas Oleaginosas Bucarelia, Extractora Monterrey, Oleaginosas Las Brisas, Palmeras de Puerto Wilches, Palmas del Cesar y Agroince Ltda. y Cía. S.C.A.

La planta producirá 100 mil toneladas de biodiesel por año, equivalentes a unos 2 mil barriles por día. En la Refinería de Barrancabermeja al diesel convencional se le mezcla un 2% de biodiesel procedente de Ecodiesel. Eso es lo que se conoce en el sector de biocombustibles como "mezcla B2". Las siete plantas en operación están cargando 400 mil toneladas de aceite de palma al año para producir el biodiesel que hoy consume Colombia. En palabras del Secretariado, con los que se alimentan los automóviles.

A propósito de éste tema, el 24 de agosto de éste año, El Tiempo resaltó en una editorial la preocupación de Peter Brabeck, presidente de Nestlé, el mayor grupo alimentario del planeta. Este personaje "instó a gobiernos y políticos del mundo a ponerle fin al uso de alimentos para producir biocombustibles". Más allá de las lágrimas de cocodrilo de Brabeck y de la casa editorial, -pues de ambos podemos dudar en sus verdaderas preocupaciones por el planeta y el hambre de millones de habitantes- lo que llama la atención son las cifras elocuentes sobre biocombustibles:

"A estas alturas, la mitad del maíz que produce Estados Unidos y el 60% de la canola europea hoy se usan con dicho fin. De acuerdo con Brabeck, esto ha presionado hacia arriba, en forma desproporcionada, los precios de los alimentos. Si tal factor se suma a los impactos negativos del cambio climático sobre la agricultura, resulta lógico que las principales fuentes de alimento del planeta ya no sean accesibles a todas las personas, sobre todo a las más pobres."

Para ir cerrando, por ahora, imaginamos las cifras de las ofertas de los lobistas en el Congreso, las Cortes y en el Ministerio. Cifras no contabilizadas en los indicadores de IE, pero sí pagadas por transnacionales. Ha trascendido por ejemplo que, Mónica Semillas, Poligrow, Refosinú -filial de Falabella- y otras firmas locales que compraron más de 177.000 hectáreas sobrepasando los topes que reguló la Corte Constitucional, están contratando a ex - presidentes de las altas cortes para que sustenten jurídicamente la compra de tierras que han hecho en Colombia. Seguramente le hablarán al oído a sus ex - colegas.

Es falsa la preocupación de los partidos por la soberanía y los campesinos. Esos mismos han aplicado la receta neoliberal por más de 20 años. Esos mismos entregaron nuestro territorio a los Estados Unidos para la ejecución del Plan Colombia y la instalación de sus bases preparando el terreno para el asalto inversionista. Esos mismos han entregado nuestros recursos naturales a las transnacionales. Esos mismos han legislado en contra del Pueblo y a favor de la oligarquía. Han sido estos lo que han permitido la expansión de las empresas capitalistas de colombianos para que hoy se conviertan en translatinas. Si alguna contradicción o temor tienen con la IE, es la competencia a sus negocios por parte de capitales con más músculo que los internos.


 



miércoles, 21 de noviembre de 2012

¡Oligarquía vendepatria! Debate en ANNCOL sobre el Fallo de la Haya Colombo-Nica


ANNCOL invita a debatir sobre el Fallo de la Haya Colombo-Nica, Colombia.


“Los sanandresanos pueden tener la seguridad de que defenderemos con absoluta
firmeza sus derechos”, expresó este lunes el Presidente Juan Manuel Santos en una
alocución a los colombianos sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia.
Destacó que el tribunal reconoció la soberanía de Colombia en el Archipiélago de
San Andrés y Providencia, pero advirtió que el fallo tiene equivocaciones.

(Texto y foto Presidencia de Nariño)

¡Oligarquía vendepatria!

Por Alberto Pinzón Sánchez
El fallo definitivo de la Corte Internacional de la Haya, sobre el diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua, que le ha devuelto a Nicaragua una porción de mar territorial y plataforma submarina, seguramente y por ser un asunto complejo con muchos ángulos, tendrá para Colombia múltiples repercusiones jurídicas, económicas y desde luego políticas.
Una de ellas, es que sin querer queriéndolo, se ha modificado desde fuera el mapa internacional de Colombia, sus fronteras y de paso el artículo 101 de la Constitución de Colombia expedida en 1991 vigente, en donde se describe que “forman Parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa catalina, la isla de Malpelo y demás islas, Islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita, geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales” (CPC).
Es decir que la actual Constitución de Colombia, ha sido modificada sustancialmente, en medio de un proceso de paz que se adelanta entre el Estado colombiano y las FARC –Ep, las que siempre ha considerado que esa Constitución del 91 debe ser modificada en favor de las demandas populares y para que se garantice como máxima Ley, la paz con justicia social y soberanía.      
EN RESPUESTA A ESTE FALLO internacional, a esta Oligarquía vendepatria y militarista colombiana lo único que se ocurre es rasgarse las vestiduras y convocar a los figurones del partido Conservador: Belisario, Pastrana, Noemí, y, del partido Liberal: Santos, Uribe Vélez, Cesar Gaviria, Angelino, Juan Lozano, Maria Emma y la canciller Holguín. No para denunciar que sus dos partidos políticos, dirigentes por dos siglos de los destinos del país, como los responsables históricos de la paulatina desmembración que Colombia ha sufrido a lo largo de la historia patria; sino para llenarse de un nacionalismo trasnochado y reaccionario que los justifique políticamente ante los colombianos y les apoye su precaria gobernabilidad, incluso recurriendo a las armas como lo acaba de anunciar el señor de las sombras Uribe Vélez.
Un repaso breve a uno de los tantos aspectos tocados en este fallo, cual es la historia de los tratados limítrofes modernos de Colombia, demuestra el entreguismo de la gran Oligarquía colombiana a los intereses de los monopolios imperialistas, para entregarles territorios alejados y abandonados a su suerte, en donde nunca ha ejercido una verdadera Soberanía. Veamos:  
1-. Panamá entregada a la voracidad del Imperialismo Yanky en 1904, por el gobierno conservador de José Manuel Marroquín, con la firma de los liberales derrotados después de la famosa guerra de los mil días, mediante un tratado firmado en el acorazado US Navy “Wisconsin”, al mando del el vicealmirante Silas Casey. Territorio por el cual el gobierno colombiano recibió posteriormente 20 millones de dólares.
2- Con Ecuador: Todo el territorio al norte del rio Amazonas, entregado durante el gobierno conservador de José Vicente Concha y su canciller Marco Fidel Suarez, mediante “el tratado Muñoz Vernaza- Suarez de Julio de 1916. Territorio reclamado por la “Texaco “
3-Con Perú: Toda la amazonía cauchera de la casa anglo-peruana “Arana”, entregada durante el gobierno del conservador de Pedro Nel Ospina, por el Plenipotenciario liberal Fabio Lozano Torrijos en 1922. Límites ratificados después de la escaramuza de guerra colombo peruana de 1932, por el ultra conservador Roberto Urdaneta Arbeláez, mediante “el protocolo Urdaneta –Belaunde” de 1934.
4 Con Venezuela: Durante la dictadura conservadora de Laureano Gómez, la entrega por parte del ya mencionado ultraconservador Roberto Urdaneta Arbeláez, a cambio de la extradición del guerrillero llanero Eliseo Velázquez, de todo el archipiélago denominado de los monjes ricos en yacimientos Petrolíferos.
5- Y en el caso que se acaba de fallar con Nicaragua, basados en un tratado firmado en 1928 (año de la masacre de las bananeras de Macondo) cuando Nicaragua estaba ocupada por los EEUU y, en Colombia gobernaba el abogado conservador de varias empresas estadounidenses Miguel Abadía Méndez, junto con el plenipotenciario Manuel Esguerra (¿ les suena ese apellido?) se logró ratificar el conocido tratado Bárcenas-Esguerra que definió la soberanía sobre la remota y abandonada región del archipiélago de San Andrés y, que en el 2001 dio origen a la demanda de Nicaragua ante la Corte Internacional de la Haya, acabada de fallar.   
En esta ultima etapa, la diplomacia colombiana estuvo representada por el general del ejercito colombiano Londoño Paredes, el conservador amigo personal del expresidente Pastrana y su canciller Guillermo Fernández de Soto y por la actual canciller Holguín; dando muestras de una incapacidad diplomática manifiesta, o de extrañas circunstancias que se desconocen, para llegar a acuerdos directos mutuamente benéficos con el gobierno nicaragüense. Hoy el fallo internacional de obligatorio cumplimiento corrige esta desidia e indolencia oligárquica.
Uno se puede preguntar: ¿Cómo piensa o pretende la Oligarquía militarista y vendepatria de Colombia, liderada por el guerrerista Uribe Vélez, desconocer un fallo internacional como el proferido?  ¿Haciendo causa común en su nacionalismo provinciano y reaccionario, con el musculoso y agresivo ministro de defensa de Santos; para amenazar con las armas al pueblo nicaragüense con su ejército de 500.000 hombres entrampados en una guerra de desgaste guerrillero, y, sobre todo, en medio de un proceso de paz como el que se adelanta en la Habana?
Pobres Oligarcas militaristas y vendepatria; la historia en lugar de absolverlos, los desnuda en toda su mezquindad e incapacidad como clase gobernante. ¡Patéticos!

Debate sobre el Fallo de la Haya Colombo-Nica: El fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre Nicaragua (San Andrés& archipiélago)

El Presidente Juan Manuel Santos lidera la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones
Exteriores, este lunes en la Casa de Nariño. Desastre para la política de la cancilleria.



El fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre Nicaragua (San Andrés& archipiélago)
Por Horacio Duque
La Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió un fallo para resolver un viejo litigio de fronteras marinas entre la Republica Sandinista de Nicaragua y el Estado colombiano.
La decisión del Tribunal no gustó a la clase dominante colombiana que se mostró apesadumbrada y llorosa por los medios de comunicación. Los sandinistas, con el pueblo nicaragüense en cabeza de su Presidente Daniel Ortega, han expresado su conformidad con la determinación que les amplía su plataforma oceánica, portadora de inmensas riquezas mineras.
Por supuesto, fue un contencioso mal administrado por los viejos oligarcas bogotanos y sus burócratas inveterados de la Cancillería, escriturada desde finales del Siglo XIX a la familia Holguín, un clan de viejos terratenientes chocoanos, vallunos y sabaneros, que desde la Regeneración nuñista, tienen el control de la diplomacia colombiana, como si fuese un latifundio particular. Carlos Holguín, Presidente pro hispano en 1892, incurrió en la indelicadeza de entregar el tesoro Quimbaya a la reina María Teresa de Madrid, para que decidiera en favor de su gobierno, en un litigio de fronteras en la Guajira con Venezuela. De ese tamaño es la visión del interés nacional de estos encopetados que en pleno siglo XXI ejercen el dominio de la mediocre Cancillería de San Carlos.
Previsible lo que acaba de ocurrir. El coronel Julio Londoño Paredes, el eterno jefe de fronteras del Ministerio de Relaciones, servidor eterno del régimen liberal/conservador e incapaz burócrata, es el directo culpable de este descalabro jurídico. Haber confiado este delicado asunto a tal personaje, como otros que tiene en sus manos, es un acto de irresponsabilidad descomunal por el que debe responder la actual jefe de la diplomacia, María Ángela Holguín.
Colombia pudo alcanzar un acuerdo satisfactorio con los sandinistas sobre el tema de San Andrés y la rica plataforma marina, pero su visceral odio a los revolucionarios de Managua, su conocida prepotencia frente al Socialismo nicaragüense, así como su seguidismo pro gringo, provocaron el resultado conocido por todos. Para que llorar sobre la leche derramada, señores Santos, Pastrana, Belisario, Gaviria, Angelino y señoras María Ángela Y María Ema.
Lo peor de todo esto es que el Presidente quiere desconocer el pronunciamiento internacional con argucias notariales. Adicionalmente puso a su mediocre Ministro de Defensa, heredero de una casta militarista de masacradores, a proferir amenazas contra Ortega y a lanzar afirmaciones para calificar de narcotraficantes y cómplices de la mafia a los gobernantes de la nación Centroamericano. Que despropósito Similar a lo que hace con el proceso de paz de La Habana, que si fracasa es por culpa de este inmaduro y lenguisuelto personaje.
Pero creo que con los sandinistas, a la torpe oligarquía bogotana, le sucederá igual que a los gringos, que hace algunas décadas, pretendieron destruir la heroica lucha revolucionaria de los sandinistas con paramilitares y ataques aéreos, con los resultados ya conocidos. 
Los sandinistas están en su derecho y fueron a La Haya con los mejores abogado, mientras Colombia se durmió en los laureles y la alcanforina de Londoño Paredes, quien debería renunciar junto a su Jefe. Se volvió a repetir la historia de José Manuel Marroquín, un vejestorio que siendo Presidente permitió que los gringos se robaran a Panamá. Un verdadero trauma en la historia nacional.
Daniel Ortega le ha dado la bienvenida a Santos a San Andrés. Mejor responder con modales diplomático. Hay que hacer oídos sordos a las proclamas de la bestia negra/AUV, en Medellín, que ya está sugiriendo guerra y ataques, para regresarnos a la belicosidad de su gobierno que nos aisló del resto de Sur América. Que prime la sensatez.
Con los sandinistas, así como con el Socialismo del siglo XXI, conviene cultivar relaciones esmeradas y de respeto. La rabia y el aislacionismo son malos consejeros, Señor Santos. Ya no lo veo de Secretario General de Naciones Unidas y si no mejora su tarea con la paz, la reelección se le puede ir al suelo. ¡¡¡¡¡¡¡Pilas!!!!!!!!

martes, 20 de noviembre de 2012

Fallo en la Haya: Posición nicaraguanse: “Así fue como Colombia se apoderó de nuestro territorio, la historia pasada”






“Así fue como Colombia se apoderó de nuestro territorio, la historia pasada”

Nicaragua escribe nueva historia

Desde hace casi 200 años Colombia disputa a Nicaragua parte de su territorio en aguas del Caribe.

Por: Augusto Zamora (actual Embajador de Nicaragua en España Articulo publicado en Revista Envío de la UCA Noviembre 1994)

Un mínimo y anómalo documento colonial de 1803 - que tuvo vigencia formal durante escasos 3 años y que nunca tuvo consecuencias prácticas - ha servido hasta hoy para que Colombia dispute a Nicaragua islas y cayos que, por geografía y por historia son parte del territorio centroamericano y más específicamente, del territorio nicaragüense, pues se encuentran claramente ubicados frente a nuestras costas. En litigio están también los límites de la plataforma marina - riquísima en pesca y minerales - en la que se encuentran estas islas y cayos.
La Cancillería nicaragüense está decidida a llevar la disputa territorial a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, mientras el gobierno colombiano refuerza su presencia militar en la extensa zona en disputa y ha reiterado en recientes declaraciones del nuevo Presidente su “derecho” a estos territorios. “Quiero dejar el problema resuelto al terminar mi mandato”, ha declarado la Presidenta Chamorro, mientras técnicos y juristas van preparando el camino para que la resolución sea favorable a Nicaragua.
La historia de este diferendo es larga y refleja rasgos característicos de la geopolítica latinoamericana en este siglo XX. A continuación, algunos datos necesarios para situar mejor los orígenes y razones del litigio entre Nicaragua y Colombia.

 

Todo comenzó a finales del siglo XVIII

Lo primero que hay que tener en cuenta es que éste no es un diferendo limítrofe, geográfico. Colombia no tiene fronteras con Nicaragua. Dista más de 2 mil kilómetros de la Costa Atlántica nicaragüense y entre Colombia y Nicaragua se interponen Costa Rica y Panamá. Hace falta auxiliarse de la historia para entender la controversia.
A finales del siglo XVIII, la Corona española - en posesión por conquista y colonia de extensos territorios en América - nombró a Tomás O'Neille Gobernador de la isla de San Andrés, en la Costa de Mosquitos, frente a Nicaragua. Buscaba así hacer valer la autoridad de España frente a Inglaterra, que se había ido adueñando, desde hacía más de un siglo, de las costas atlánticas centroamericanas. Los ingleses quedaron oficialmente confinados en Belice. Sin embargo, durante casi todo el siglo XIX, la Costa de Mosquitos siguió, de facto, bajo dominio inglés. Las islas de San Andrés, Santa Catalina y Vieja Providencia habían seguido los avatares de toda la Costa Atlántica centroamericana y nunca fueron realmente ocupadas por España. Por su situación geográfica, sirvieron como centro de operaciones a aventureros y a contrabandistas. Desde 1631 vivían en estas islas decenas de familias inglesas.
El recién nombrado Gobernador O'Neille era ambicioso y aspiraba a mayores cargos, a mejores sueldos y a extensas tierras que trabajaran sus esclavos negros. Decidió dar el primer paso en esta dirección. Apoyado por los contrabandistas ingleses que vivían en San Andrés y por el Virrey de Santa Fe (territorio hoy colombiano, bajo el dominio español) escribió secretamente a Madrid exponiendo una situación patética en la isla de San Andrés y pidiendo que ésta pasara a ser “dependiente en todos sus ramos” del Virreynato de Santa Fe. La carta fue remitida sin consultar con el Capitán General de Guatemala (autoridad española con dominio sobre los territorios centroamericanos, incluída San Andrés). En respuesta, el Rey de España accedió y expidió una Real Orden el 30 de noviembre de 1803.
Doce líneas causaron el conflicto
La Real Orden es una docena de líneas en las que el monarca español establece que “las islas de San Andrés y la parte de la Costa de Mosquitos, desde el cabo Gracias a Dios inclusive hacia el río Chagres, queden segregadas de la Capitanía General de Guatemala y dependientes del Virreynato de Santa Fe”. Esto es todo. Esta es la base del litigio.
Enterado, el Capitán General de Guatemala protestó enérgicamente la decisión, manifestando que “siempre los establecimientos de Mosquitos han dependido de esta Capitanía General”. Solicitaba que las cosas volvieran a su estado anterior. Las razones del Capitán General fueron escuchadas y la Real Orden de 1803 quedó derogada por Real Orden de 1806.
La Real Orden de 1803 tenía en su formalidad un carácter eminentemente militar. Su objetivo era defender las costas de la isla de ataques de corsarios y piratas. Siendo todas las provincias territorio español, la Corona encargaba a las plazas navales más fuertes (Yucatán, La Habana o Cartagena) la vigilancia de otros territorios. Y aunque la palabra “segregación” usada en la Real Orden puede llevar a error, éste se aclara al saber que no fue seguida de ninguna otra disposición que indicara otro alcance que el militar y que, en la práctica, nunca fue aplicada.
De hecho, el Virreynato de Santa Fe (Colombia) no hizo acto alguno para proteger la Costa de Mosquitos. La presencia inglesa se mantuvo en la Costa mosquita y la isla de San Andrés cayó en manos inglesas el 26 de marzo de 1806. Sin disparar un tiro, O'Neille se rindió, después de que su tropa huyera en desbandada. La ocupación de la isla por los ingleses no motivó ninguna acción del Virreynato (Colombia).
Territorios en abandono
En esta situación de abandono estaban estos territorios cuando estallaron en México y Sudamérica las guerras de independencia contra el dominio español. Incidentes de aquellos años demuestran que Simón Bolívar y su gobierno no consideraron las islas como parte del territorio continental que estaban liberando de España.
La correspondencia de todos los años de pre-independencia entre Guatemala, Madrid y Santa Fe (Colombia) demuestra que la Costa de Mosquitos y sus islas adyacentes continuaron bajo la jurisdicción de Guatemala. La Real Orden de 1803 no fue vuelta a mencionar por nadie.
La independencia centroamericana, en 1821, encontró las islas en el mismo abandono, ocupadas entonces por un corsario que decía luchar bajo las banderas de Buenos Aires y de Chile.
Colombia no reclamó ningún derecho sobre territorio centroamericano hasta después de que, por un azar, alguien descubrió en junio-julio de 1824, entre los papeles del Virreinato de Santa Fe, la olvidada Real Orden de 1803. Y empezó el litigio. La disolución de la Federación Centroamericana en 1838 hizo que la controversia se bifurcara. Costa Rica, como único país fronterizo con Colombia - Panamá fue parte de Colombia hasta 1904 - heredó la parte fundamental del litigio, en tanto que Nicaragua, con la ocupación de la Mosquitia por Inglaterra, vio complicarse extremadamente su situación.

Siglo XIX: pretensiones y esfuerzos de Colombia

Durante todo el siglo XIX, con protestas simbólicas y periódicas, Colombia pretendió que Inglaterra reconociera sus reclamos sobre la Costa de Mosquitos, pretensión que fue rechazada siempre y categóricamente por el gobierno inglés. Por otra parte, Colombia ocupó las islas de San Andrés y Providencia, amparada en la Real Orden de 1803, y mantuvo permanentes controversias y negociaciones con Costa Rica. Mientras, Nicaragua trabajaba infatigablemente para recuperar la Mosquitia. Sus esfuerzos fructificaron poco a poco. En 1860, Inglaterra reconoció que la Costa formaba parte de Nicaragua y en 1881, un Laudo del emperador de Austria confirmó ese derecho. Durante todo este siglo y durante todas estas negociaciones, ningún país tomó en serio los pretendidos derechos de Colombia.
Dos hechos notables suceden a inicios del siglo XX. En 1900, el Presidente de Francia, Emile Loubet - designado árbitro en el conflicto Colombia-Costa Rica -, falló a favor de Costa Rica, negando validez a la Real Orden de 1803 y dejando a Colombia sin argumentos jurídicos con que fundamentar sus pretensiones sobre la costa caribe centroamericana.
El otro acontecimiento es la firma, en 1905, del tratado Altamirano-Harrison, por el cual Inglaterra reconoció formalmente la soberanía de Nicaragua sobre su Mosquitia. Las perspectivas eran inmejorables para que el diferendo con Colombia se solucionara a favor de Nicaragua. Pero, cautivo y desarmado jurídicamente, el gobierno de Colombia recurrió a dos artificios. Pidió al árbitro Loubet que declarara que las islas de San Andrés eran algo separado y distinto de la Mosquitia y que, por lo mismo, eran colombianas. Lo consiguió. Por otro lado, “dividió” artificialmente la Costa de Mosquitos, “adjudicándose” la zona correspondiente al territorio de Nicaragua.
Esta permanente estrategia colombiana de deformar los hechos llevó al historiador Manuel María de Peralta a afirmar: “Colombia se ha impuesto la odiosa tarea de echar por tierra la historia y la legislación de España en América con mira de apropiarse o de hacerse adjudicar un territorio que no le ha pertenecido NUNCA, y se ve obligada por la necesidad de su causa a echar mano del error o de las negligencias de un amanuense y a hacerse escribir historias y geografías muy dignas del padre Periquet”.

Entra en juego el gobierno de Estados Unidos

Mientras todo esto ocurría, el gobierno norteamericano, en base a una llamada Ley del Guano (18 agosto 1856), que le autorizaba a ocupar islas, rocas o cayos que no estuvieran bajo la jurisdicción de otro Estado, había declarado propiedad de los Estados Unidos los cayos y bancos próximos a Nicaragua. Bajo esta Ley del Guano (guano=excremento de gaviotas y otras aves marinas, muy rentable en el siglo XIX como fertilizante), Estados Unidos se apoderó del cayo Serrana en 1869 y en 1871, de los cayos Quitasueño y Roncador.
En su expansionismo imperial, Estados Unidos “olvidaba” que en el continente americano no había “tierras de nadie” y que todos los territorios que habían estado bajo el dominio de España pertenecían a los Estados ribereños, como sucesores. La Ley del Guano y la decisión estadounidense tendrían consecuencias nefastas para Nicaragua.
La decisión del árbitro Loubet, en favor primero de Costa Rica y después de Colombia, quedó en el papel y no fue ejecutada. Los acontecimientos políticos se precipitaron. En 1903, el territorio de Panamá fue arrancado del de Colombia por los Estados Unidos, que “fabricaron” así una república independiente para construir en ella el canal interoceánico. Colombia dejó de tener relación geográfica con Centroamérica y Panamá quedó como sucesor del diferendo. La nueva nación y Costa Rica replantearon la cuestión limítrofe, sometida a nuevo arbitraje en 1910. El Laudo del árbitro norteamericano Edward White confirmó en lo fundamental el Laudo Loubet.
Después de varios incidentes, la controversia entre Costa Rica y Panamá fue resuelta y Panamá jamás reclamó derecho alguno sobre la Costa de Mosquitos. Colombia, en cambio, desde una posición jurídicamente insostenible, continuó reclamando la Mosquitia nicaragüense, olvidándose de la costarricense y reteniendo las islas.
¡Estando de por medio dos naciones independientes, una de ellas Panamá - sucesora de los derechos de Costa Rica -y dos laudos arbitrales, Colombia seguía pretendiendo derechos sobre territorio nicaragüense!

Nicaragua intervenida por Estados Unidos

Nicaragua fue ocupada militar y políticamente por Estados Unidos en 1924. Fue entonces que el gobierno de Colombia inició una nueva vía: inició arreglos secretos con el de Estados Unidos para que éste obligara a Nicaragua a renunciar a sus derechos. Los norteamericanos no sólo querían mejorar sus relaciones con Colombia, gravemente deterioradas con la separación de Panamá. Tenían también intereses económicos. El Secretario del Tesoro norteamericano, el multimillonario Mellon, estaba urgido de que Colombia renovara la llamada concesión Barco - para exploraciones petrolíferas - y otros acuerdos pendientes sobre pesca y navegación entre ambos países. De Nicaragua, convertida en simple protectorado, no tenía Mellon nada que esperar.
La postrada Nicaragua de 1925 solicitó a Estados Unidos sus buenos oficios para someter a arbitraje el diferendo con Colombia. La respuesta del Departamento de Estado planteaba la única solución “equitativa”: para Nicaragua la Costa de Mosquitos y para Colombia, el archipiélago de San Andrés.
El caso permaneció estancado hasta que en 1928 Estados Unidos impuso a Nicaragua la suscripción de un acuerdo - negociado de previo con Colombia - que recogía totalmente la propuesta colombiana. La ocupada Nicaragua no pudo hacer nada para oponerse al diktak del imperio, que violaba su Constitución y sus derechos. La firma del mal llamado Tratado - conocido como Bárcenas Meneses -. Esguerra por sus firmantes -, nacido en circunstancias infames e impuesto por la fuerza de la ocupación extranjera, tuvo lugar el 24 de marzo de 1928, siendo Presidente el `contador jefe' Adolfo Díaz.
El “tratado” tenía sólo dos artículos: Colombia reconocía la soberanía de Nicaragua sobre la Costa de Mosquitos y Nicaragua reconocía la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés y Providencia y sobre todas las demás islas, islotes y cayos del Archipiélago de San Andrés. Los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana se excluían de la disputa y quedaban en litigio entre Colombia y Estados Unidos.

Resistencia de Nicaragua al Tatado Bárcenas Meneses-Esguerra

La resistencia a este Tratado en Nicaragua fue tal que Estados Unidos no logró su ratificación hasta dos años después, el 6 de marzo de 1930, después de coaccionar vivamente a José María Moncada, premiado con la Presidencia del país en el pacto del Espino Negro. El gobierno estadounidenses amenazó y presionó al gobierno y al Congreso nicaragüenses y los debates parlamentarios fueron apasionados, estando presente en ellos en todo momento la idea de que se trataba de un despojo. Mientras, la soberanía nacional era defendida en las montañas, donde el General Sandino y sus hombres enfrentaban a los marines.

Mapa

Paralelamente a sus negociaciones sobre cómo arrancar a Nicaragua el archipiélago de San Andrés, Colombia y Estados Unidos negociaron la situación de los cayos y bancos de Roncador, Serrana y Quitasueño. Por un acuerdo conocido como Olaya-Kellog, alcanzado en intercambio de notas y concluido el 10 de abril de 1928, las cosas quedaron como estaban: Estados Unidos se quedaba con los cayos. El despojo a Nicaragua era completo.

Durante la dictadura somocista, crece la geofagia colombiana

Durante la dictadura somocista - que coincide con el desarrollo de nuevas instituciones de Derecho del Mar, particularmente el derecho de las naciones con costas sobre sus aguas adyacentes y sobre la plataforma continental -, Nicaragua reclamó insistentemente sus derechos sobre los cayos y bancos de Roncador, Serrana y Quitasueño y sobre toda su plataforma continental.
No satisfecha con lo obtenido en 1928, Colombia continuó expandiendo sus pretensiones sobre las áreas marinas y submarinas de Nicaragua. El siguiente paso - sostenido únicamente por vetustos buques de guerra - fue tomar la declaración anexada por el Congreso nicaragüense en 1930 al ratificar el “tratado” de 1928, en el sentido de que el meridiano 82 constituía la frontera marítima entre ambos países. Así, impuso de forma unilateral una frontera marítima a Nicaragua, privándola de casi toda su plataforma continental y de su mar adyacente.
Como consecuencia de la geofagia colombiana, se multiplicaron los incidentes entre pesqueros nicaragüenses y naves de guerra colombianas en las áreas en disputa. Esto fue generando entre los nicaragüenses un sentimiento de resentimiento hacia Colombia, que amparaba con la fuerza su orfandad de derechos.
En 1969 se produjo el más fuerte incidente diplomático entre Colombia y Nicaragua, después de que el gobierno nicaragüense estuvo otorgando concesiones de exploración petrolera más allá del meridiano 82 - en 1964 a la Union Oil, en 1966 a la Mobil Oil, en 1965 a la Shell y en 1967 a la Chevron -.

Colombia: política expansionista

Dentro de su política expansionista, Colombia suscribió con Estados Unidos el 8 de septiembre de 1972 un nuevo tratado, conocido como Saccio-Vázquez Carrizosa. Por él, Estados Unidos cedía y traspasaba la soberanía de los cayos y bancos de Roncador, Serrana y Quitasueño a Colombia, poniendo fin de esa manera a lo acordado en las notas Olaya-Kellog. El tratado de 1972 provocó una vehemente reacción en Nicaragua, que de inmediato expresó su firme oposición. La reacción del gobierno colombiano fue arrogante: una comisión oficial, presidida por el Ministro de Defensa, visitó los cayos, haciendo gala del “poderío” naval colombiano. En respuesta, un grupo de periodistas nicaragüenses visitó Quitasueño e izó allí la bandera nacional.
El tratado fue un golpe político a la dictadura somocista, fiel representante de los intereses de Estados Unidos en Nicaragua. A través del fuerte lobby que tenía en el Congreso norteamericano, Somoza logró evitar que el Senado estadounidense ratificara el tratado. En esta situación encontró el litigio la revolución sandinista.
En los últimos meses de 1979 se abrió paso en la Cancillería de Nicaragua la preocupación por la defensa de los intereses territoriales del país y la voluntad de poner fin a 70 años de abandono y corruptelas, que amenazaban con hacer mayores las pérdidas territoriales de Nicaragua. Como primer paso, se decidió atajar el expansionismo colombiano en el mar Caribe, que amenazaba con privar a Nicaragua de extensas zonas de sus mares y de su plataforma marina.

Política territorial del gobierno revolucionario

La primera manifestación de la política territorial del gobierno revolucionario fue la promulgación, el 19 de diciembre de 1979, de una Ley sobre Plataforma Continental y Mar Adyacente, que establecía una zona de 200 millas náuticas “de soberanía y jurisdicción” y proclamaba el dominio nacional, exclusivo y excluyente, sobre la plataforma continental y los recursos marinos. Hasta aquel momento, Nicaragua mantenía sólo una “zona pesquera” de 200 millas náuticas.
Entre octubre y noviembre de 1979 se iniciaron en la Cancillería nicaragüense los estudios sobre la legalidad del “tratado” de 1928. Por vez primera desde 1909, Nicaragua tenía un gobierno verdaderamente nacional, no sujeto a los dictados ni a los intereses de Estados Unidos, y esto le permitía desarrollar una política activa de defensa de los derechos del país. No había interés en provocar una crisis con Colombia, pero menos interés había en mantener una situación injusta, consecuencia de 70 años de intervención de los Estados Unidos en Nicaragua. Teníamos conciencia de que se estaba en una oportunidad histórica y que no podía desaprovecharse.
La Cancillería presentó su propuesta a la Junta de Gobierno en noviembre: Nicaragua debía realizar un acto positivo para rescatar sus derechos sobre las islas de San Andrés y Providencia, así como para fortalecer sus derechos a la totalidad de sus áreas marinas y submarinas, particularmente en relación a los cayos y bancos de Roncador, Serrana y Quitasueño. El “tratado” de 1928 era nulo e inválido, por vicios insubsanables en su raíz - inconstitucional, impuesto por la fuerza, violatorio de tratados - y la Junta debía declararlo así. Se llevaron a cabo decenas de reuniones, explicativas, aclarativas, informativas. Alguno llegó a hacer la inevitable pregunta: “¿para qué tanta agua?” La respuesta era obvia: para defender la soberanía territorial y los enormes recursos que contenían esos espacios marítimos e insulares. Finalmente, hubo acuerdo general sobre la propuesta de declarar la nulidad e invalidez del “tratado” de 1928.
No había actuado mal el gobierno colombiano de Turbay Ayala en relación a la revolución sandinista. El 16 de junio de 1979, en Cartagena, el Pacto Andino había reconocido al FSLN como “fuerza beligerante”. Después, había establecido muy pronto relaciones con la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Eran gestos notables, teniendo en cuenta la tradición de los gobiernos colombianos de desarrollar una política exterior de bajo perfil y a la sombra de la política norteamericana.

Libro Blanco: las razones de Nicaragua

El gobierno revolucionario elaboró un Libro Blanco, donde se explicaban las razones de Nicaragua. La decisión no era fácil. No había ningún deseo de que el acto de reivindicación de un territorio histórico, geográfica y jurídicamente nicaragüense, se interpretara como un gratuito gesto de animadversión o como pretexto para crear una crisis artificial, aunque era obvio que Colombia no aplaudiría.
El 4 de febrero de 1980, en solemne acto celebrado en la Casa de Gobierno y ante el Gabinete y el cuerpo diplomático, la Junta de Gobierno en pleno - Daniel Ortega, Sergio Ramírez, Violeta Barrios de Chamorro, Moisés Hassan y Alfonso Robelo - presentaron la Declaración sobre las islas de San Andrés y Providencia y territorios circundantes. En ella, requerían la devolución a Nicaragua de esos territorios, que le pertenecían por inobjetables títulos jurídicos, históricos y geográficos, y declaraban la “nulidad e invalidez” del “tratado” de 1928.
Esta declaración constituyó la primera acción internacional del nuevo gobierno revolucionario en defensa de los intereses nacionales. Provocó también la primera crisis de política exterior. Colombia reaccionó duramente, rechazando de inmediato la declaración nicaragüense, reafirmando sus derechos y llamando a Bogotá a su embajador en Managua. Los medios de prensa colombianos se llenaron de artículos sobre el tema, señalando que tras la declaración de Nicaragua estaba una “conjura comunista” con Cuba. En diciembre de 1980, el gobierno de Colombia publicó su propio Libro Blanco, en respuesta al de Nicaragua, que no agregaba argumentos nuevos.
El gobierno colombiano, conocedor de la creciente desconfianza norteamericana hacia la revolución sandinista, se plegó más que nunca a Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los principales críticos de la revolución nicaragüense y en firme aliado de la política exterior norteamericana. A cambio, los norteamericanos reconocían sus pretensiones sobre Roncador, Quitasueño y Serrana. El gobierno de Turbay Ayala criticó acervamente al FMLN-FDR y apoyó al gobierno de Duarte en El Salvador, atacó la declaración conjunta franco-mexicana de reconocimiento al FMLN como “fuerza política representativa”, envió fuerzas armadas al Sinaí - único país, además de Fiji que lo hizo - y con Chile fue la única nación latinoamericana que no apoyó a Argentina en el Conflicto por las Malvinas. El 23 de marzo de 1981 cortó sus relaciones con Cuba.

La llegada de Reagan al poder

El gobierno de Ronald Reagan significó el fin de cualquier posible convivencia entre Estados Unidos y Nicaragua. El antisandinismo de Reagan lo llevó a ratificar en 1981, a petición del gobierno de Colombia, el tratado Saccio-Vázquez Carrizosa de 1972, “cediendo” Estados Unidos a Colombia los cayos de Quitasueño, Roncador y Serrana. Más que un reconocimiento a los derechos de Colombia, el acto era un castigo a la política nacional e independiente del gobierno sandinista. El ex-Ministro de Relaciones Exteriores y firmante del tratado, Alfredo Vázquez Carrizosa, comentó: “Si Nicaragua se comporta amistosamente, será necesario aplazar la aprobación. Si mal, la puerta está abierta para refrendarlo”.
Las relaciones entre Nicaragua y Colombia mejoraron ostensiblemente con la Presidencia de Belisario Betancur en 1982. Un tanto sorpresivamente, Betancur decidió rescatar a Colombia de su sumisión a Estados Unidos y sacarla de su aislamiento en el entorno latinoamericano. Dos pasos ilustran esta nueva etapa: el ingreso de Colombia en el Movimiento de Países No Alineados y su decisión de involucrarse en los esfuerzos por encontrar una solución pacífica a la crisis centroamericana, nucleados en torno al Grupo de Contadora. Como lo cortés no quita lo valiente, se mantuvo la controversia territorial y el gobierno de Colombia protestó en dos ocasiones - en 1984 y 1985 - por acciones en las que Nicaragua reivindicaba sus derechos en el archipiélago de San Andrés y en los cayos caribeños, pero la protesta no trascendió de intercambios diplomáticos para cubrir formalidades.
El último año de la presidencia de Betancur se enrarecieron las relaciones y en los últimos días de su mandato, el 2 de agosto de 1986, el gobierno de Colombia suscribió con el de Honduras un tratado limítrofe, repartiéndose ambos países casi todo el territorio marítimo de Nicaragua en el Caribe, acuerdo coherente con el permanente expansionismo colombiano en aguas caribeñas. En lo que afecta a Centroamérica, Colombia tiene suscritos tratados de este tipo con Panamá (en vigor desde noviembre/77) y con Costa Rica (firmado en marzo/77, pero sin entrar en vigor por la negativa del Congreso costarricense a ratificarlo).

El Congreso colombiano ratificó el tratado con Honduras en octubre/86 con la única oposición de la Unión Patriótica.

No sucedieron más sobresaltos en los años posteriores. Cada país quedó en su posición y en Nicaragua, la guerra acabó desplazando las cuestiones territoriales a un segundo plano. En 1990, el cambio de gobierno no significó un cambio de actitud ni en Colombia ni en Nicaragua. Después de ciertas vacilaciones iniciales, el gobierno de Violeta Chamorro mantuvo la política territorial trazada por el sandinismo, considerando nulos e inválidos todos los “tratados” fabricados por Colombia en estos 60 años para despojar a los nicaragüenses de nuestros territorios. Para Nicaragua, no hay otra política posible.

lunes, 19 de noviembre de 2012

Debate sobre el proceso de Paz: La ultraderecha se quedará esperando la claudicación de los luchadores por paz y justicia…

El proceso visto por Areito

Notas “Voz de Colombia”


Punto de vista de un desterrado colombiano

No.007 - Noviembre 18 de 2012
Por: Valmen – Vozcol
Micronota:

Política de desarrollo agrario integral: Tema con el que se inicia el proceso de diálogo, según el acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. La solidaridad internacional es fundamental para el éxito del proceso…


La ultraderecha se quedará esperando la claudicación de los luchadores por paz y justicia…
A los agresivos círculos de poder y etiqueta imperial, capitalista y neoliberal, cada vez se les está haciendo más difícil engañar a la comunidad internacional progresista y a las víctimas de la antidemocracia, el terrorismo de Estado, la gran corrupción, el narcoterrorismo, la narcoparapolítica, la entrega de soberanía, la mentira y el engaño.
Es así como ahora, cuando el generoso y batallador pueblo colombiano intensifica su movilización y genera una nueva posibilidad de alcanzar importantes espacios de paz con justicia social, los llamados dueños del poder intentan cambiar de esquina y hacerse pasar por “inocentes víctimas”, maniobra que, una vez más, seguirá acechando sin que las mayorías del país crean en ella.
Es perfectamente claro que los encumbrados y guerreristas “dueños del poder”, sin que les aflore un mínimo de vergüenza en la cara, siguen pretendiendo imponer un esquema de “paz” en el que: la insurgencia plantee y protocolice la rendición; los campesinos y trabajadores declinen sus derechos en favor de los intereses geopolíticos y económicos del imperio, las multinacionales y la clase dominante tradicional y emergente; en el que el sector financiero pueda acrecentar, aún más, sus fabulosas y aceleradas ganancias; en el que los negociantes de la salud, la vivienda y la educación, sigan alimentando sus lucrativos negocios; en el que, el abuso de poder, la impunidad y la corrupción, encuentren los grandes agujeros que les permita cometer todo tipo de atropellos, despojos y abiertos atracos al erario público; en el que los grandes medios de comunicación tengan mayor libertad para torcerle el cuello a la verdad, mediante la mentira y el engaño.  
La comunidad internacional progresista y más del 80% de la opinión interna, según los propios datos de las empresas encuestadoras afines al sistema imperante, se vienen pronunciando en favor de darle continuidad a un proceso de diálogo, sin que este sea sometido a presiones y chantajes. Confirma tal realidad la activa solidaridad universal y la constante movilización de quienes, en realidad, quieren para Colombia una paz cierta, una justicia social efectiva, una democracia que no esté plagada de trampas y una soberanía interna y externa sin cortapisas.
Así, en el pleno convencimiento de que la victoria final será del pueblo, corresponde a todas las fuerzas amantes de la paz intensificar la unidad, la organización y la decisiva e insoslayable movilización en cada uno de los habitados espacios geográficos de la patria. 
Inquietud de Paquito:
¿Cuándo el gobierno iniciará el desmonte real del narcoparamilitarismo…? 
(Hasta la próxima)