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20 Mayo 2012 - 1:00 am
La difícil digestión de lo obvio
Por: Alfredo Molano Bravo
La guerra de 1885 que ganó Núñez enterró la Constitución del 63 y, al mismo tiempo, le cerró la puerta al liberalismo, lo que lo condujo a la desastrosa Guerra de los Mil Días y a la hegemonía conservadora de pura sangre.
El conservatismo se excluyó a sí mismo del poder con López Pumarejo, para después armarse con la consigna del atentado personal y la acción intrépida y frenar las reformas liberales en marcha. El liberalismo quedó entonces fuera de la cancha. Rojas Pinilla, nombrado árbitro de la violencia que desató el asesinato de Gaitán, se engolosinó con el poder, quiso prescindir de sus mentores y crear una nueva fuerza. Lo tumban. Obvio. Nace el Frente Nacional que excluyó de plano a todo lo que no fuera rojo o azul. La consecuencia fue doble: rutinizó la corrupción y envalentonó la lucha armada. Las repúblicas independientes fueron hijas del Frente Nacional y madres de las Farc.
La manguala —como la llamó Gaitán— se ha perpetuado cerrándole la puerta a la izquierda armada una y otra vez. La excepción a la regla de oro del establecimiento fue la desmovilización del M-19 y tuvo como condición su participación directa en la Constituyente. La exclusión política ha sido la palanca de la guerra.
La ley del marco legal para la paz, rodeada de una gran desconfianza en la opinión pública, venía abriéndose camino como una esperanza para unos y un señuelo para otros, pero andaba. Mucho costó revivirla después de sacar el articulito que le hacía camino: la posibilidad de que los armados, sin armas, pudieran hacer política. Obvio. Es la condición de todo arreglo sólido y duradero. La guerrilla ha tenido dos banderas históricas inmodificables: la lucha por la tierra, que hacen sus bases sociales, y la participación política libre que exigen sus dirigentes. La guerrilla no quiere que le hagan lo que pide: una reforma agraria. (Hablo de reforma agraria como condensación de sus banderas). Quiere hacerla. Obvio. No tengo duda que la guerrilla está interesada en un acuerdo; tampoco dudo de que el gobierno de Santos tenga idéntico interés. No obstante —y es explicable— ambos tienen poderosos intereses en contra. La gente armada tiene aceitado su dedo índice y no quiere que se lo mochen.
El Partido Liberal, un gran sector del conservatismo no uribista, y la izquierda, saben que si se cierra la puerta de la participación política, el marco será menos que un saludo a la bandera. El fiscal lo ve claro: amnistía e indulto, condicionados a la reconstrucción de la verdad y a la reparación, incluidos crímenes de lesa humanidad. Obvio, es la llave del laberinto. Gente que lleva 35 años o más en rebeldía contra el Estado buscando garantías para hacer política, que ha sobrevivido a la masacre de la UP, por ejemplo, no va a firmar un acuerdo para ser excluida una vez más.
El marco debe ser tan amplio como para cobijar a las partes del conflicto —expresión que funda esperanzas—: Fuerzas Militares y guerrilla. Hay que aceptar que los paramilitares fueron precisamente eso, herramientas brutales de un sector del Estado al que reemplazaron en muchas regiones, pero que, como lo definió la Corte Constitucional, no estaban levantados en rebelión contra él. Obvio.
Se oye el murmullo cada vez más fuerte de rechazo de un sector de las Fuerzas Militares contra la implícita simetría representada en la ecuación ‘las partes’, que nace realmente en el campo de batalla y no se debe excusar en el campo del honor. Obvio. De todas maneras, haciendo cuentas, el sacrificio del honor —válido para las dos partes— cuesta menos que el sacrificio de vidas y vidas. Habrá que ponerle punto final a esta historia.
La oposición de Uribe a que se incluya la participación política en la ley marco para la paz es una verdadera bomba lapa contra ella. Obvio.
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