Colombia: Paz, tiempos, prensa, sociedad civil y reforma agraria democrática integral

Por Horacio Duque

Todo parece estar listo para que mañana lunes 19 de noviembre entre a funcionar la Mesa de Conversaciones de La Habana, entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Farc, con sus correspondientes delegaciones de plenipotenciarios y asesores designados.

Conviene resaltar que el Acuerdo general pactado desde agosto, luego de una etapa preliminar de exploraciones, sugiere dos grandes capítulos para el trabajo. El primero se refiere a la terminación del conflicto armado que dura ya mas de 50 años. El segundo a la construcción de una paz estable y duradera. 

Obviamente la agenda de 6 puntos es la columna vertebral de los diálogos. No obstante, el espíritu del Acuerdo es la base de todo. Lo que implica dar una lectura e interpretación sincrónica y no por fases o compartimentos estancos a los diversos campos establecidos.

No obstante, se han expresado inquietudes e ideas de orden procedimental que tienen validez. 

1. ¿Qué tiempo durarán las conversaciones?La duración de las conversaciones preocupa a las partes. El gobierno se inclina por un proceso veloz, de pocas semanas o meses. Entre tanto, las Farc ha dicho que no es saludable presionar con fechas la Mesa. Los tiempos de la paz no pueden ser cronológicos, con días, horas y minutos cantados de antemano. Sus tiempos son ontológicos y atienden más a condiciones optimas para la materialización.

Al respecto no sobra decir que en Irlanda el asunto se tomó más de 120 meses -cerca de 10 años- y aún no termina su implementación; en El Salvador, fueron casi 70 meses; en Guatemala, 40 meses; y en Sudáfrica, por lo menos 60 meses.

10 meses para Colombia no parecen ser adecuados, dada la complejidad del problema y sus profundas raíces y manifestaciones. Aunque por las velocidades y “liquidez” del tiempo posmoderno, ese lapso es una eternidad y son muchas las cosas que se pueden hacer durante el mismo, de existir la mejor voluntad, sobre todo del gobierno, que en otros ámbitos de su gestión no parece tener mucha agilidad y eficiencia. Lo hemos visto con la Ley de Tierras y reparación de víctimas, presentada como “la gran revolución agraria” santista, promocionada en el mundo por el desaparecido escritor mexicano Carlos Fuentes como la panacea para la violencia colombiana. Ya han transcurrido dos años y los resultados de este instrumento jurídico son lamentables y ridículos Las restituciones encallaron en los juzgados agrarios y los trámites administrativos; al tiempo, los ejércitos antirestitución siembran el terror entre los campesinos, en extensas zonas del país, con la complacencia de los encargados del “monopolio legítimo” de la violencia, y las reparaciones monetarias se convirtieron en dinero de bolsillo de los agentes electorales del régimen, como en Norte de Santander y Cúcuta, donde se concentran casi 200 mil víctimas de la violencia, sitio en que un prominente senador santista, jefe de los funcionarios municipales y departamentales encargados del tema, es quien da las autorizaciones para los giros respectivos a sus recomendados, desde su Directorio electoral clientelista y reeleccionista.

Bien se le puede replicar al señor Humberto De La Calle, el circunspecto jefe de la delegación oficial, para solicitarle en sus términos, menos retórica, mas transparencia, menos clientelismo y más resultados concretos para la paz y la convivencia, que como lo establece el documento del Acuerdo, garanticen la efectividad del proceso para concluir el trabajo sobre los puntos de la agenda, de manera expedita y en el menor tiempo posible, para cumplir con las expectativas de la sociedad sobre pronto acuerdo. Y de esa manera la duración pueda estar sujeta a evaluaciones periódicas de los avances.

2. El “hecho comunicacional de la paz”

Las comunicaciones son otra inquietud. Por lo que ocurrió en Oslo, con la rueda de prensa de las Farc, censurada por las cadenas mediáticas predominantes (Caracol y RCN) y con lo que está ocurriendo, debido a la manipulación de centenares de periódicos, emisoras y canales regionales de televisión, en los que una jauría de supuestos analistas y testaferros de la pauta estatal, presenta los temas de la paz a su amaño para estigmatizar y satanizar los actores que dialogan, es prioritario construir el “hecho comunicacional” de la paz. En la pos modernidad las comunicaciones lo son todo. La estructura de la sociedad es esencialmente comunicaciones. Las comunicaciones son las unidades constituyentes y reproductoras de los sistemas sociales. Ello explica que en el Acuerdo este tópico se trate de manera reiterada, para establecer que como parte de la democratización política se garantizará el acceso a los medios de comunicación y en el transcurso de las conversaciones se establecerá una estrategia de difusión eficaz. La paz como sistema social se construye en gran parte con el concurso de un dispositivo comunicacional imparcial, objetivo y sinergicos con los principios de la no violencia.

3. La participación de la sociedad civil

La participación de la sociedad civil es un punto que plantea interrogantes. Si bien es cierto la Mesa necesita, por razones técnicas, alguna discrecionalidad en su funcionamiento, no se puede ignorar que su fuerza política depende del consentimiento popular. La legitimidad de la paz tiene estrecha relación con la mayor participación popular, la misma que no se puede organizar a retazos. Intervención que bien puede darse con diversos instrumentos y escenarios. La paz 2.0, con una página web interactiva, es necesaria pero no suficiente. Lo que si resulta un peligro es el canal de Adpostal para enviar propuestas y sugerir ideas, por la casi segura manipulación que hagan los servicios secretos, la Central de Inteligencia del Coronel Echandía y los grupos paramilitares, de información y datos privilegiados para desatar campañas criminales contra la sociedad, con masacres, desapariciones, cárcel y asesinatos de los amigos de la paz, como ocurrió en el pasado con la Unión Patriotica y el período del Caguan, que fracaso por el Plan B del señor Pastrana para armar hasta los dientes el ejército oficialista sin importarle un comino la paz de Colombia. Ojala el señor Santos, tan proclive a jugadas traidoras, deje a un lado su Plan B que consiste en la estrategia “Espada de Honor” para liquidar y acribillar la insurgencia campesina revolucionaria, mediante golpes de mano, campañas de exterminio, asaltos y drones asesinos. O sus infantiles amenazas de abandonarlo todo porque según su desapacible perspectiva si se suspende La Habana no pasa nada, como si con las esperanzas de paz de los colombianos se pudiese jugar impunemente.

Pero, independiente de lo que se decida en La Habana, en dicha materia, el pueblo debe movilizarse de manera autónoma con manifestaciones, concentraciones, plantones y eventos de toda índole, que respalden la paz. No hay que ahorrar recurso para apoyar las conversaciones y sus avances concretos. La Mesa de diálogos es una conquista democrática y popular para defender con mucha firmeza. 

4. La cuestión agraria y el desarrollo rural

El tema inicial es el de la cuestión agraria. Los puntos ordenados se resumen en la necesidad de resolver el problema de la grave concentración de la propiedad rural en una minoría terrateniente, que monopoliza las mejores tierras del país como fundos ganaderos e improductivos, al tiempo que 10 millones de campesinos y trabajadores rurales se debaten en la pobreza, la exclusión y el desplazamiento forzado.

El latifundio feudal es el principal foco de violencia en Colombia, a lo largo de su historia.

Su origen viene desde la conquista y colonia hispana, que implicó un tremendo despojo de las sociedades indígenas, mediante el exterminio violento de los grupos amerindios, victimas de la voracidad de los señores feudales de la corona española, la que los retribuía mediante Cédulas Reales, con las mejores tierras a través de la Encomienda. El latifundio encomendero fue la principal relación social durante los siglos XVI, XVII y XVII en la Sabana de Bogota, en la Costa Caribe, en los Valles del Río Magdalena y Cauca y Uraba. Desde aquella época perviven gigantescas haciendas en manos de apellidos muy conocidos e influyentes en la sociedad. Son los señores de la tierra y de la guerra.

La revolución y las guerras de independencia lideradas por Simón Bolívar, incluyeron esfuerzos por eliminar la gran propiedad latifundista, pero los resultados no fueron plausibles por cuanto la prioridad era la constitución de naciones soberanas en el modelo de la democracia liberal burguesa que emanó de la revolución francesa y americana.

Con posterioridad, al promediar el siglo XIX, fueron generales bolivarianos, como Jose María Melo y Tomas Cipriano de Mosquera, los que realizaron políticas semejantes a una reforma agraria. Mosquera fue implacable con el latifundio católico de los jesuitas y otras ordenes religiosas, las que promovieron varias guerras civiles (1862, 1865, 1876, 1887 y 1899), a través de los jefes conservadores, para impedir la democratización de la propiedad de la tierra. Jefes conservadores con apellidos que aún estan vigentes -Holguin, Ospina, Hurtado, Reyes, Restrepo y Caro- utilizaron, junto con la iglesia, sistemáticamente la violencia contra los campesinos y los liberales, hasta recuperar sus extensos fundos y organizar el Estado confesional de la Regeneración nuñista que implanto un régimen político reaccionario vigente hasta la década del 30 en el siglo XX, cuando colapsó por la presión burguesa, obrera y popular.

Los ecos de la radical reforma agraria llevada a cabo por la revolución rusa de 1917, liderada por Lenin, Kamenev, la Krupskaya, Bujarin, Troski, Radek y Stalin, se sintieron por todo el planeta.

Entre 1934 y 1938, Alfonso López Pumarejo, un cafetero burgués y liberal, ante la movilización socialista que simpatizaba con el programa sovietico , implementó, desde la Presidencia de la República, unas tibias reformas sociales como las que se incluyeron en la Ley 200 de tierras que enfatizaban básicamente en la función social de la propiedad para proceder a la expropiación de latifundios improductivos. Sin embargo, la cosa no llegó a mayores porque los poderosos latifundistas, entre ellos la iglesia católica, dejaron sentir su monumental peso político y alimentaron nuevas guerras civiles, promovidas por el Partido Conservador y sus jefes falangistas como Laureano Gomez, Gilberto Alzate, Aquilino Villegas, Fernando Londoño y Marcelino Velez.

La tormenta reaccionaria, con ecos coloniales, forzó el repliegue de la burguesía liberal y cerró con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitan, el cual marcó un hito en la historia nacional, dando pie a un prolongado ciclo de matanzas y exterminios en masa de campesinos, los mismos que se encuadraron en autodefensas populares y revolucionarias organizadas por los comunistas, para demandar una reforma agraria democrática desde el año 1963, sin que aún sea realidad.

Tanto la reforma agraria hecha por el Presidente Mao Tse Tung, después del triunfo de la revolución China en 1949 y profundizada por el Gran Salto y la Revolución cultural de los años 60, como la reforma agraria establecida en Cuba, a partir de 1959, luego del triunfo del ejército rebelde del comandante Fidel Castro, que liquidaron de raíz el latifundio feudal para entregar la tierra a los campesinos trabajadores, ejercieron una enorme influencia sobre los campesinos colombianos.

Temerosa de una revolución socialista que replicara lo de China y Cuba, la burguesía liberal, retomo, con el patrocinio gringo de la Alianza para el Progreso, durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, a mediados de los años 60, las banderas reformistas para aprobar leyes e instituciones de modernización agraria que le dieran espacio al capitalismo en el campo. Para el efecto se promovió la Asociación de Usuarios Campesinos/ANUC, organizada por un lider gaitanista que se desempeñaba como Ministro de Agricultura, el doctor Apolinar Diaz Callejas. Además, se crearon distritos de riego, se otorgaron créditos y construyeron infraestructuras viales, que favorecían a los empresarios, tipo farmer, de la ruralidad subsumida por las relaciones mercantiles estimuladas por el gobierno, obligados a una coexistencia con el junker violento tradicional.

El triunfo fraudulento del siguiente Presidente, el conservador Misael Pastrana Borrero, freno en seco el reformismo agrario de la burguesía llerista. Pastrana se reunió con el cogollo terrateniente y firmaron un Pacto en el municipio tolimense de Chicoral, para enterrar todas las leyes emparentadas con la democratización rural. Fue el triunfo de la “vía junker”, como la denominó Lenin en su celebre texto sobre el Desarrollo del Capitalismo en Rusia.

La casta terrateniente, heredera de siglos, sigue viva y mandando. Es mayoritaria en el Estado y en el Congreso de la República, pues en su gran suma, senadores y representantes, son reconocidos latifundistas en sus regiones de origen Dispone de tropa pública y paramilitares para impedir con bala, machete y leyes cualquier esfuerzo de justicia con los campesinos.

Hicieron con las bandas paramilitares organizadas por el Ejército gubernamental, a punta de matanzas y exterminios colectivos, durante el periodo comprendido de 1980/2011, una descomunal contrareforma agraria, de la mano de Turbay Ayala, Belisario Betancur, Andrés Pastrana y Alvaro Uribe, su más visible representante, con extensas haciendas en Antioquia y Córdoba.

Las guerrillas de la resistencia revolucionaria que encarnan las Farc, se gestaron en el ambiente rural como expresión del derecho a la rebelión de los pueblos frente a la inveterada violencia de los señores del latifundio y su Estado oligarquico.

Es lo que explica que su bandera sea una reforma democratica integral que elimine el latifundio terrateniente y entregue la tierra a mas de 10 millones de campesinos, acompañando tal medida con créditos, subsidios, vias, infraestructuras, educación, escuelas, salud y derechos políticos que permitan su participación efectiva en el gobierno de las instituciones públicas.

Una reforma agraria de esas dimensiones, que favorezca la cooperación campesina y el desarrollo solidario no es incompatible con una economía capitalista moderna que garantice la seguridad alimentaria de la población con granos,legumbres, verduras y frutas.

Desafortunadamente el programa del gobierno, con las Locomotoras minera y agricola, con su Ley de restitución de tierras y el proyecto de Desarrollo rural, no permiten ser optimistas sobre eventuales avances en la Mesa de La Habana. Ojala la dialéctica de las conversaciones arroje resultados favorables para la paz con justicia social en el campo nacional. Pero se requiere que los campesinos se movilicen, salgan a las calles, hagan manifestaciones y demanden la reforma agraria democratica integral.