Paz con reglas claras de funcionamiento. Por Horacio Duque.

En la parte final del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” de La Habana, firmado entre los plenipotenciarios de las Farc y del gobierno del señor J.M. Santos, están las reglas para regular el funcionamiento de las conversaciones que deben llevar a la terminación del conflicto social y armado y la construcción de la paz.

Las mismas son de especial trascendencia por cuanto establecen procedimientos objetivos y estables que le deben dar coherencia a los diálogos sobre los diversos aspectos del Acuerdo negociado, como su filosofía política, los temas, la participación internacional, la temporalidad del proceso y la implementación de las materias que se pacten.

El día 6 de noviembre se produjo, dentro de la mayor reserva, una importante reunión entre las delegaciones, con el fin de precisar los alcances de dichas reglas. Se trata del protocolo con el cual se fija una pauta metodológica de los diálogos. Tal evento ocurrió en la perspectiva de las sesiones que se inician el 15 de noviembre (que fue movido al 19) para debatir el desarrollo rural y las reformas agrarias necesarias para hacer justicia con millones de campesinos sumidos en la pobreza y la exclusión política.

Una regla de oro del proceso de La Habana indica que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”; quiere decir que un pacto de finalización de la guerra solo se dará una vez se hubiesen agotado, de manera satisfactoria, todos los puntos sustanciales de la Agenda y su implementación objetiva, no propagandística.

La siguiente regla dispone que en las deliberaciones de la Mesa de conversaciones participaran hasta 10 personas por delegación, 5 de los cuales serán Plenipotenciarios, con vocería, capacidad propositiva y argumental, al tiempo que hasta 30 personas integrarán las delegaciones respectivas, con las garantías correspondientes; lo que implica un profundo respeto por los puntos de vista y posiciones formuladas, sin descalificaciones ni vetos a planteamientos que reflejan las filosofías y naturalezas de cada subjetividad interviniente y del texto que sirve de plataforma al mecanismo en funcionamiento.

Otro precepto establece la realización de consultas con especialistas en las materias de los 6 puntos de la Agenda, para de esa manera dar desarrollo coherente a las conversaciones y según el trámite que se señale en el protocolo convenido en la reunión del 6 de noviembre; los expertos tendrán espacios de interlocución con los delegados plenipotenciarios, en el marco de los valores que dan contenido a una paz democrática con justicia social. 

La transparencia de las conversaciones es parte esencial de las mismas, para construir su legitimidad y aceptación popular; nada oscuro ni objeto de sospechas debe darse, que facilite el desconocimiento de los derechos fundamentales de los colombianos, es por tal razón que se presentarán “informes periódicos” que suscriban las partes con amplia difusión por los medios de comunicación, para que no se vuelva a repetir el bochornoso suceso ocurrido el día de la instalación de la Mesa en Oslo, cuando desde la Presidencia de la República, se impartió la orden de silenciar, por parte de Caracol y RCN, la rueda de prensa de la delegación de las Farc. 

Una regla primordial proyecta el diseño de un dispositivo que permita dar a conocer los progresos de la Mesa y sus resultados puntuales, sin que se omita, por razones técnicas, una fase de deliberación privada para contrarrestar la interferencia de agentes interesados en el fracaso de las conversaciones porque sus intereses particulares se ven lesionados cuando avanza la difusión de los derechos comunales de los colombianos.

Tanto las Farc como los delegados del gobierno darán curso a una campaña de difusión y pedagogía que de manera eficaz lleve el mensaje de la paz a la sociedad en su conjunto; es la manera de construir, paso a paso, la realidad social de la paz.

La participación democrática del pueblo en las conversaciones debe hacerse efectiva con canales ágiles para que fluyan las iniciativas de todos los sectores de la nación, bien sea por medios materiales o electrónicos. Un tercero recibirá la delegación para que perfile e implemente escenarios de deliberación participativa que impliquen consultas directas y recepción de proyectos referidos a diversos tópicos del Acuerdo y la Agenda de temas; es la forma de dar curso a la democracia directa de la multitud plural y diversa, comprometida con la superación de la violencia y la construcción de la paz. Se supone que cada parte impulsará, de manera autónoma, infraestructuras político/administrativas de convocatoria, como lo ha hecho el gobierno central con el nombramiento de un Consejero para la paz encargado de propiciar eventos de movilización colectiva.

Se ha dispuesto que el gobierno nacional apropiara recursos presupuestales y materiales que requiera el funcionamiento de la Mesa, administrados con el control de Veedurías y Comités de fiscalización social por la paz, que blinden su transparencia y eficacia.

La Mesa dispondrá de recursos tecnológicos suficientes para avanzar en las conversaciones.

Por último, que no de último, los diálogos partirán del punto referido a la Política de Desarrollo Agrario Integral, el tema siguiente lo pactaran las delegaciones según lo aconsejen las circunstancias y el clima político favorable a la solución negociada del conflicto social y armado, en un tiempo que no puede ser una camisa de fuerza cronológica porque las temporalidades de la paz son, ante todo, ontológicas, esto es en función de las circunstancias sociales que se vayan construyendo de cara al país.